Por Suhail Al Ghazi y Noor Hamadeh para The Tahrir Institute for Middle East Policy
Este escrito es el segundo de la serie de TIMEP sobre las violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (HLP, por su sigla en inglés) en el contexto sirio. Destaca los abusos sistemáticos perpetrados por actores no gubernamentales en Siria, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las fuerzas turcas y las fuerzas de oposición sirias afiliadas a Turquía, y otros grupos militantes como Hayyet Tahrir al Sham (HTS, por su sigla en inglés).
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Fuerzas Democráticas Sirias
Las Unidades de Protección del Pueblo (YPG, por su sigla en inglés) —un partido político kurdo y la columna vertebral de las FDS— controla las regiones del noreste de Siria desde 2012. El control de las fuerzas se expandió a las provincias de Alepo, Raqqa y Deir Ezzor después de aliarse con la Coalición Global para derrotar al Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL). En noviembre de 2013, YPG anunció la formación de la autonomía en las regiones del norte y este de Siria y estableció en 2014 la Administración Autónoma, que se reestructuró en 2018 bajo el nombre de ‘Administración Autónoma del Norte y Este de Siria’.
Durante las batallas de las FDS contra EIIL entre 2015 y 2018, las organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron violaciones de los derechos de propiedad en las áreas de control de las FDS, muchas de las cuales fueron acompañadas de desplazamientos forzados y demoliciones e incautaciones de propiedades. Un informe publicado por Amnistía Internacional muestra que en febrero de 2015, las FDS destruyeron y demolieron viviendas civiles en la ciudad de Al Husseiniya en la gobernación de Al Hasakah. Según el informe y los testimonios de los residentes, las FDS afirmaron que estaban buscando a agentes del EIIL dentro de la aldea, ya que obligaron a los civiles a salir de sus hogares y les impidieron incluso llevarse sus pertenencias. Luego, las FDS comenzaron a demoler casas después de ingresar a la ciudad luego de la retirada de EIIL. Según imágenes satelitales el número de edificios en la ciudad disminuyó de unos 225 en 2014 a sólo 14 en 2015. Amnistía Internacional también documentó demoliciones de viviendas en la aldea de Asaylem —al sur de Suluk— en la gobernación de Raqqa. Según los testimonios de los residentes, las FDS ingresaron al pueblo en junio de 2015 y les pidieron a los residentes que se fueran por su seguridad, prometiendo que les permitiría regresar a sus hogares después de tres días. Los testigos agregaron que unas dos semanas después, vieron excavadoras con las banderas de las FDS entrando en la aldea y demoliendo unas 100 de las 103 casas de la ciudad. Los residentes tanto de la ciudad de Al Husseiniya como de las aldeas de Asaylem dijeron que las FDS no les pagaron compensación ni les proporcionaron una vivienda alternativa adecuada.
Las FDS también convirtieron hogares civiles y edificios públicos en cuarteles militares, lo que representa otro aspecto de las violaciones de los derechos de propiedad. Varios informes de derechos humanos —incluido el de la Organización Justicia para la Vida—
indican que las FDS se apoderaron de casas y convirtieron algunas de ellas en cuarteles militares utilizando justificaciones endebles como vínculos con EIIL o venganza contra los residentes asociados con la oposición siria. A su vez, se negaron a devolver las casas incautadas a sus propietarios originales o incluso a pagar una indemnización. La mayoría de estas violaciones tuvieron lugar en el campo de Deir Ezzor e incluyeron casas civiles y edificios públicos como escuelas e instituciones de servicios. Estas incautaciones y desviaciones provocaron miedo entre la población; temían que el establecimiento de cuarteles militares en los vecindarios civiles, condujera al ataque y que provoque víctimas civiles.
Un informe del periódico sirio Enab Baladi muestra que las FDS cometieron violaciones similares de derechos en la ciudad de Tabqa, donde se apoderaron de las casas de muchos civiles, algunos de los cuales viven fuera de Siria y otros continúan en el país. Estas incautaciones privaron a muchos civiles de sus derechos de propiedad, aún cuando hicieron numerosos intentos de demostrar su propiedad a través de las instituciones judiciales de la Administración Autónoma. Las confiscaciones de las FDS en la ciudad también incluyeron a tiendas comerciales y tierras agrícolas para la inversión. Además, un informe publicado por Syrian for Truth and Justice (Siria por la verdad y la justicia) expone la confiscación sistemática y a gran escala de viviendas civiles en Raqqa por parte de la Brigada Democrática del Norte, una milicia de mayoría árabe que forma parte de las FDS. El informe muestra que desde febrero de 2020, la milicia confiscó más de 80 casas en el barrio de Masaken al Sherta en la ciudad de Raqqa y se las entregó a los combatientes de la brigada y sus familias. Incluso —a pesar de las súplicas de los residentes— la milicia no evacuó las casas confiscadas y amenazó a los lugareños con no volver a reclamarlas. El mismo informe también mencionó que las FDS y sus milicias alineadas confiscaron al menos 1200 casas solo en la ciudad de Raqqa desde 2019.
Ley de Protección y Gestión de la Propiedad Ausente
A principios de agosto de 2020, el Consejo General de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria —que es la máxima autoridad legislativa en las áreas controladas por las FDS— promulgó la “Ley sobre la protección y gestión de la propiedad ausente”, que les permitió administrar la propiedad de todas las personas que abandonaron Siria durante un año o más. La implementación de la ley se detuvo una semana después para un estudio más a fondo, luego de causar indignación pública.
Aunque la implementación de la ley se encuentra suspendida, continúa amenazando potencialmente la realización de los derechos de propiedad en las áreas controladas por las FDS. La versión actual de la ley contradice varias leyes locales e internacionales, así como la Carta del Contrato Social para la Administración Autónoma Democrática, que se emitió en 2014 como una constitución para las regiones bajo el control de las FDS. La Carta estipula en el artículo 22, que la Administración se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que preservan el derecho de propiedad y previenen la expropiación de la misma, excepto para el beneficio público con la condición de que los propietarios sean compensados.
A menos que se derogue la ley, cualquier nueva versión que se re-introduzca de la ley existente, probablemente permitiría a las autoridades locales invertir en las propiedades de miles de refugiados fuera de Siria sin su pleno consentimiento.
Las Naciones Unidas estiman que alrededor de 5 millones de sirios son refugiados en países vecinos y Europa, la mayoría de los cuales no pueden regresar a sus territorios para reclamar por sus bienes debido a la peligrosa situación de seguridad y a las leyes de asilo. Además, muchos refugiados y desplazados internos no pueden autorizar a sus familiares a reclamar, debido a la dificultad para realizar transacciones gubernamentales que requieren documentos oficiales como pasaportes, que muchos no pueden obtener. Incluso, si la Administración Autónoma cambia la ley en el futuro, es posible que no cambie el contenido de la ley que le permite controlar e invertir en la propiedad de cientos de miles de refugiados fuera de Siria, lo que provoca una violación continua de los derechos de propiedad.
Fuerzas turcas y fuerzas de oposición afiliadas a Turquía
Además de las violaciones de los derechos de HLP por parte de las FDS, las fuerzas turcas y los grupos de oposición sirios afiliados a ellos, también cometieron amplias violaciones, incluidas el desplazamiento forzado y la confiscación de propiedades.
En 2018, Turquía llevó a cabo otra operación militar en la ciudad de Afrin, en el norte de Siria,controlada por los kurdos. Después de 58 días de la ofensiva, las fuerzas de las YPG se retiraron, lo que provocó la evacuación y el desplazamiento forzado de civiles. Tras la Operación Rama de Olivo, hubo informes sobre abusos generalizados contra los derechos de la población civil a manos de las fuerzas turcas tanto como de las fuerzas sirias afiliadas a Turquía. Asimismo, se informó que la Operación Rama de Olivo atacó objetivos no militares, incluidas áreas civiles y edificios públicos, lo que provocó la evacuación de miles de personas de sus hogares desde Afrin a áreas vecinas como Tel Rafaat, Nubl y Zahra, e incluso Kobane y Hassakeh.
Sin embargo, lo más sorprendente es la confiscación generalizada de propiedades en todo Afrin. En marzo de 2018, se informó que la oposición siria afiliada a Turquía, incluidos los grupos Faylaq al Rahman y Ahrar al Sham, llegó a un acuerdo con Rusia para permitir que los civiles en Ghouta, Jobar y otros vecindarios controlados por los rebeldes evacuaran y se trasladaran a Afrin. Este acuerdo resultó en la evacuación de alrededor de 1.500 combatientes de la oposición y 3.500 familiares a esa ciudad. Si bien no está claro si se apoderaron de las casas de los desplazados, hubo informes de que al menos 150 comandantes de la oposición siria y sus familias se alojaron en las casas de los kurdos que se vieron obligados a huir. A su vez, se informó que facciones de la oposición siria asociadas con las fuerzas turcas, se apoderaron de las propiedades de los civiles desplazados de Afrin y saquearon las propiedades de los kurdos, incluidos automóviles y otros vehículos de motor, generadores de electricidad y cosechas de olivos.
El acuerdo antes mencionado con Rusia resultó en el desplazamiento forzado tanto de los residentes originales de Afrin, cuyas casas fueron apropiadas para el uso de los desplazados de Ghouta, como de la evacuación de civiles de esa ciudad. Esto generó la confiscación y el pillaje generalizados de viviendas de civiles en Afrin y la violación de su derecho al disfrute de sus bienes, así como de cualquier otro derecho que tuvieran sobre ellos, incluidos los de propiedad o arrendamiento. Además, la apropiación de viviendas civiles en Afrin para las personas evacuadas de Ghouta, viola el derecho al retorno de los kurdos desplazados.
Se estima que 137.070 personas fueron desplazadas de Afrin como resultado de las campañas militares de Turquía desde 2017. Además, aldeas enteras fueron vaciadas y luego se apropiaron de bases militares para su uso por las fuerzas turcas.
Violaciones de HTS en Idlib
El movimiento Hayyet Tahrir Al Sham (HTS) cometió violaciones similares de los derechos de propiedad contra los cristianos en Idlib. Después de que el Gobierno de Salvación de HTS tomara el control de todas las zonas manejadas por la oposición en la gobernación de Idlib, en 2018, la llamada Dirección General de Bienes Raíces incautó la mayoría de las propiedades cristianas, invirtió en ellas y las alquilaron sin el consentimiento del sus propietarios. Según el informe de Sirios por la Verdad y la Justicia, entre finales de 2018 y octubre de 2019, HTS confiscó alrededor de 550 casas y tiendas, además de tres mercados históricos —Kabbad al Hboub, Khan Fahdi y Khan Ghanum—, propiedades de cristianos. El informe también expone varios casos en los que el HTS incautó bienes para inversión o para acomodar a las familias de sus combatientes, además de la cancelación de los contratos de arrendamiento oficiales firmados entre los propietarios y los inquilinos. Otro informe de Sirios por la Verdad y la Justicia muestra que otros grupos militantes, como Hurras al Din y el Partido Islámico de Turkestán, también se apoderaron de las propiedades de los cristianos en Jisr al Shughour para albergar a sus combatientes y de sus tierras para invertir. Estos grupos acosaron a los cristianos locales amenazándolos o impidiéndoles practicar sus derechos religiosos y los empujarlos a abandonar sus ciudades y pueblos para apoderarse de sus propiedades.
Conclusión
Debido al control territorial dividido en Siria, los derechos HLP de los sirios están sujetos a una amplia gama de violaciones según quién controle su área. El primer artículo de esta serie analizó los abusos de los derechos de HLP por parte del gobierno sirio, que incluyen la confiscación de propiedades como un medio para castigar a los oponentes y el uso de propiedades civiles para los propios fines del régimen. Este artículo destaca violaciones similares de dichos derechos —incluida la confiscación, incautación y demolición de propiedades— cometidas por actores no gubernamentales contra civiles y minorías, particularmente los kurdos y cristianos de Siria. En todos los casos, la confiscación y la demolición de propiedades pueden constituir un crimen de guerra de saqueo, ya que impiden el derecho de los antiguos habitantes a regresar a sus hogares. Además, la destrucción de las propiedades de los civiles por motivos religiosos, étnicos u otros motivos discriminatorios podría equivaler a un castigo colectivo, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario.
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Suhail al Ghazi es un ex becario no residente en TIMEP que se centra en Siria y la narrativa estatal. Es investigador y analista de OSIN con una amplia experiencia en la realización de investigaciones sobre Siria en una variedad de temas, desde desarrollos militares hasta problemas socioeconómicos relacionados con el conflicto sirio.
Noor Hamadeh es un ex becario no residente de TIMEP que se centra en las empresas y los derechos humanos en Siria y en toda la región. Es abogada sirio-estadounidense de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y fue Jefa de la Unidad de Negocios y Derechos Humanos en el Programa de Desarrollo Legal de Siria.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Jadaliyya el 2 de abril de 2021.