Por Horriya Marzouk para The New Arab
La reciente represión contra un prominente grupo egipcio de derechos humanos provocó que los observadores se cuestionen si el régimen egipcio está aprovechando los últimos meses de la administración Trump antes de una inevitable recalibración de los lazos bajo el mandato de Joe Biden.
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Si bien el régimen de Egipto liberó a unos 400 detenidos políticos en los días previos al triunfo electoral de Biden, el 7 de noviembre, tres miembros de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por su sigla en inglés) fueron detenidos una semana después.
Los tres hombres, el Gerente Administrativo, Mohamed Basheer, el Jefe de la Unidad de Justicia Penal, Karim Ennara, y el Director Ejecutivo de EIPR, Gasser Abdel Razek, fueron acusados por la fiscalía de seguridad del Estado de “pertenecer a una organización terrorista” y de “utilizar cuentas de redes sociales para publicar noticias e información falsa que pueden dañar la paz y la seguridad pública”.
Según el EIPR, a ninguno de los tres acusados se le presentó ninguna prueba o investigación que respaldara tales afirmaciones, comúnmente utilizadas por el régimen contra los disidentes.
“Los interrogatorios en sí se centraron en las actividades de EIPR en los últimos años, en particular en su documentación sobre violaciones de derechos humanos en lugares de detención, y el aumento sin precedentes de las condenas a muerte y las ejecuciones”, dijo EIPR en un comunicado publicado en las primeras horas del 24 de noviembre, poco después de que Abdel Razek fuera interrogado por segunda vez.
“Se siguió la misma línea de investigación con Abdel-Razek cuando el fiscal lo interrogó sobre 18 declaraciones públicas e informes relacionados con el sistema de justicia penal egipcio”, expresó el comunicado y agregó que “esto demuestra que el grupo se enfrenta a un asalto coordinado para castigar (a sus miembros) por la totalidad de su activismo”.
Sherif Azer, el defensor egipcio de derechos humanos, cree que “la reciente escalada contra la EIPR solo empeora las condiciones de derechos humanos, ya deterioradas, en el país”.
“Esto viola directamente las leyes locales e internacionales. El régimen busca silenciar cualquier tipo de activismo que lo desafíe, demostrando cuán ignorante de las leyes es”, dijo Azer a The New Arab, también estudiante de doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de York del Reino Unido.
A principios de febrero, las autoridades detuvieron al estudiante de doctorado Patrick Zaki, también investigador de derechos de género de la EIPR, en el aeropuerto de El Cairo cuando regresaba de Italia para una breve visita a Egipto. La fiscalía lo acusó de cargos similares a los de sus tres colegas. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva —renovada cada 45 días— y sin juicio.
La prisión preventiva es una herramienta opresiva que el régimen utiliza con frecuencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de grupos de la oposición. Fundado por primera vez por el defensor de los derechos Hossam Bahgat en 2002, EIPR es uno de los pocos espacios de derechos humanos que siguen funcionando en Egipto después del golpe militar que derrocó al entonces Presidente, Mohamed Morsi.
Bahgat se apresuró a adoptar una postura contra la represión de EIPR, asumiendo temporalmente el liderazgo hasta la liberación del director ejecutivo. Su decisión fue bien recibida por los activistas en las redes sociales, que elogiaron su valentía.
“Es hora de volver a unirse al valiente y talentoso personal (de EIPR) frente a esta guerra”, tuiteó el 20 de noviembre. El propio Bahgat fue detenido brevemente en 2015, lo que provocó una protesta internacional que obligó a las autoridades a liberarlo.
Desde que Al Sisi asumió el poder, EIPR comenzó a operar en un perfil bajo, publicando informes, trabajos de investigación, encuestas, recomendaciones a las autoridades estatales y a los responsables políticos sobre temas relacionados con la comunidad egipcia. Tales cuestiones incluyen el derecho a la vivienda, la atención médica, la educación y la libertad de creencias religiosas y de orientación sexual.
¿Por qué ahora?
Sisi fue acusado por activistas locales e internacionales de supervisar la peor represión de los derechos humanos en Egipto en décadas, con miles de sus críticos encarcelados. Algunos sufrieron negligencia médica y murieron lentamente, mientras que decenas de otros fueron ejecutados. La pregunta urgente ahora es por qué el régimen de Sisi se arriesgó a provocar la indignación de la comunidad internacional y desafió abruptamente a Biden, quien había dicho con frecuencia durante su campaña electoral, que no toleraría las violaciones de derechos humanos comúnmente cometidas en Egipto.
Se cree que las detenciones de los miembros del grupo local se debieron a una reunión celebrada el 3 de noviembre en la sede de la EIPR en El Cairo con varios diplomáticos y embajadores de varios países, incluidos Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá y la Unión Europea, para informarles sobre el estado de los derechos civiles en el país.
“Tal represión en este momento, luego de la liberación de cientos de detenidos este mes, demuestra que la acción del grupo provocó al régimen”, declaró Azer.
Los arrestos suscitaron la indignación de activistas locales, decenas de grupos de derechos humanos, senadores estadounidenses y de gobiernos europeos. Incluso Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, un aliado de Sisi, nadó inesperadamente con la corriente y anunció que estaba “profundamente preocupado” por la represión.
“Estados Unidos cree que todas las personas deben tener la libertad de expresar sus creencias y abogar por ellas pacíficamente”, dijo la oficina del Departamento de Estado estadounidense encargada de los asuntos de derechos humanos. Estados Unidos a menudo hizo la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Egipto durante los cuatro años de mandato de Trump.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto denunció recientemente lo que describió como una interferencia en los asuntos internos de Egipto y subrayó la intención del régimen de advertir a otros grupos a que no desafíen su voluntad, independientemente de las declaraciones anteriores de Biden.
Culpable hasta que se demuestre lo contrario
Los tres hombres fueron tratados por los usuarios de las redes sociales que apoyan al régimen, así como por los medios y la prensa egipcia, como culpables de los cargos en su contra hasta que se demuestre su inocencia. Desde que el EIPR estuvo bajo custodia, varios medios de comunicación leales al régimen lanzaron una campaña de difamación contra la organización en general, y contra Bahgat en particular, quien había dejado su cargo como director de la organización en 2012 y se dedicaba al periodismo.
Algunos medios incluso incitaron al odio contra la organización y sus miembros. En un episodio reciente de un programa de entrevistas diario presentado por Naashat El-Deehi en el canal privado de televisión vía satélite TEN, acusó al grupo de promover la homosexualidad y recibir fondos extranjeros.
“No predican. No ofrecen ayuda a los pobres, no ayudan a erradicar el analfabetismo ni proporcionan puestos de trabajo. Por desgracia, la iniciativa se preocupa por la inclusión de los homosexuales en la comunidad”, afirmó Deehi, acusando además a Bahgat de ser el “representante de los homosexuales en Egipto”.
“Tales acusaciones son escandalosas, juegan con los sentimientos del pueblo egipcio, supuestamente religioso, y rechazan cualquier tipo de simpatía hacia los tres empleados”, dijo el abogado egipcio de derechos humanos, Fahd El-Banna a The New Arab.
Otra campaña de desprestigio fue liderada por el notorio periódico local Youm7 titulado: “La historia negra del EIPR”, donde se acusó al grupo de “fabricar informes” y “practicar espionaje”, aunque la fiscalía haya imputado a los detenidos de cargos relacionados con el terrorismo.
“Es ilegal, en primer lugar, que los medios de comunicación y la prensa aborden un caso y presenten cargos mientras son investigados por la fiscalía”, argumentó Banna.
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Horriya Marzouk es un pseudónimo. El autor reside en una jurisdicción donde la publicación de su identidad puede crear un problema de seguridad o libertad de movimiento.
N.d.T.: El artículo original fue publicado el 26 de noviembre de 2020 por The New Arab.