Hay algo peor que el trabajo agotador que Muhammad Hourani hace durante 11 horas por día. Es que se verá interrumpido por semanas debido al aislamiento total impuesto por Turquía como medida preventiva contra el virus COVID-19 entre el 29 de abril y el 17 de mayo.
La familia de Leyla —se cambió su nombre para proteger su identidad— vive en el Líbano. Su padre, de unos 60 años, tiene problemas de salud preexistentes y su madre, de unos 50 años, tuvo un accidente grave recientemente. Ambos son clínicamente vulnerables. Sin embargo, le preocupa que nunca sean vacunados contra el COVID-19. Estos temores y frustraciones son compartidos por nietos e hijos preocupados en todo el país.
La siguiente entrevista presenta a Nidal Ghaben, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrollo de los Trabajadores (Amel). Amel es una de las principales organizaciones de investigación y defensa laboral en la Franja de Gaza y su junta directiva está conformada por activistas laborales, académicos y juristas. Abdulrahman Abu Nahel entrevistó a Ghaben el 1 de diciembre de 2020 como parte del trabajo de campo del proyecto “El trabajo en Palestina y COVID-19” financiado por Rosa Luxemburg Stiftung (Oficina Regional en Palestina y Jordania) y dirigido por Riya Al Sanah, Rafeef Ziadah y Adam Hanieh. La entrevista fue abreviada y editada del árabe original.
Los casos de COVID-19 en Palestina, especialmente en Gaza, alcanzaron niveles récord este mes, en gran parte, debido a la llegada de una variante de coronavirus altamente contagiosa identificada por primera vez en el Reino Unido.
Si. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los órganos legales como la Corte Internacional de Justicia y las organizaciones humanitarias y de derechos humanos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, consideran a Cisjordania palestina, incluida Jerusalén Este y Gaza, bajo la ocupación militar israelí, e Israel es la potencia ocupante en ellas.
En algún momento a mediados de marzo de 2020, justo cuando la primera ola de la pandemia de COVID-19 cobraba impulso en todo el mundo, un grupo bastante inusual de personas en Kuwait se conectó a una llamada de Zoom para coordinar su respuesta a lo que sin duda serían tiempos devastadores e inciertos. Asistieron organizadores de la comunidad de migrantes locales, activistas de derechos humanos, profesionales de la salud, ejecutivos del sector privado y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para cualquiera que esté familiarizado con el activismo comunitario de base y las mejores prácticas actuales en ayuda humanitaria y para el desarrollo, esta escena no es única ni interesante. Sin embargo, en el contexto de Kuwait, el hecho de que estas personas estuvieran en la misma sala hablando juntas como iguales fue algo nuevo, incluso radical.
