El régimen de Asad priva a los desplazados de sus derechos de propiedad

Por Ammar Hamou y Hadeel Al Rawabdeh para Syria Direct

 niñas palestinas en el campamento de refugiados ubicado en Yarmouk, al sur de Damasco, Siria [Creative Commons/EU Civil Protection and Humanitarian Aid]

AMMAN—A principios de mayo, las esperanzas de Abu Ahmad de deshacerse de sus propiedades en la ciudad central siria de Homs se vieron frustradas. El Ministerio del Interior sirio respondió con un rechazo a su solicitud de poder, presentada a través del consulado sirio en Estambul para designar a un pariente como administrador de sus propiedades, ”valoradas en unos 10 millones de dólares antes de que estallara la revolución siria”, dijo Ahmad a Syria Direct

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La negativa se debió a “razones de seguridad”, según expresó Abu Ahmad, que se encuentra en condición de desplazado en la provincia noroccidental de Idlib. “Esto perturba y obstruye los intereses de mis socios en algunas de las propiedades inmobiliarias. Antes de 2011, estas propiedades generaban unos 10.000 dólares al mes”, comentó. 

Abu Ahmad huyó de Homs en los primeros años de la revolución siria y se dirigió a las zonas de la oposición en el noroeste. Es buscado y tiene pedido de captura por los servicios de seguridad del régimen de Asad desde 2011. Lo acusan de “incitar al derrocamiento del régimen” añadió.

Una lucha prolongada

En agosto de 2015, el Ministerio de Administración Local del régimen de Asad estipuló en una circular secreta, que debía obtenerse una aprobación de seguridad para que una persona pudiera completar cualquier transacción inmobiliaria. Posteriormente, en octubre de 2017, el Ministerio de Justicia emitió la Resolución 689, por la que se exigía a quienes desearan completar procesos de apoderamiento que obtuvieran la aprobación de seguridad, especialmente para la disposición de bienes inmuebles.

Aunque el requisito de aprobación de seguridad afecta a todos los ciudadanos dentro y fuera de Siria, supone una amenaza más grave para “todo opositor al régimen, desplazado o expatriado”, advirtió el abogado Hassan Al Aswad. La aprobación de seguridad, junto con otras decisiones y leyes, permite al régimen “limitar la capacidad de un ciudadano sirio para disponer de sus bienes por varios motivos, entre ellos no pagar las tasas de exención del servicio militar, o con el pretexto de la ley antiterrorista”.

Aunque la aprobación de seguridad se empleó recientemente como requisito para que los sirios puedan deshacerse de sus propiedades inmobiliarias, la política de atacar las propiedades de los ciudadanos no es nueva para el régimen que gobierna Siria desde hace cinco décadas. Según Aswad, desde los enfrentamientos con “los Hermanos Musulmanes en la década de 1980, el régimen recurre a inventar aprobaciones de seguridad”. Además agregó:“Las aprobaciones también incluyen poderes notariales realizados por expatriados sirios para disponer de sus bienes muebles e inmuebles con el objetivo de asediar a los opositores políticos e impedirles actuar libremente con su dinero”. 

Al margen de la posibilidad de que un refugiado no obtenga la aprobación de seguridad para permitir a su agente en Siria disponer de sus bienes, las tasas de emisión de un poder general podrían impedir que algunos sirios desplazados lo hicieran.

Violación de la Constitución

La negativa se debió a “razones de seguridad”, según Abu Ahmad, quien se encuentra desplazado en la provincia noroccidental de Idlib. Tenía la intención de nombrar como agente a un pariente suyo que vive en Homs y que no tiene problemas de seguridad con el régimen. “Esa es la única manera de proteger mis bienes de la incautación o confiscación mediante las leyes emitidas por el régimen para confiscar los bienes de los sirios en el extranjero”, declaró. 

Presentó los documentos exigidos por el consulado para expedir un poder general: un pasaporte o documento de identidad de la persona que otorga el poder junto con su presencia física, así como dos fotografías personales, una copia del documento de identidad de la persona a la que se le va a otorgar el poder y 125 dólares, de los cuales 25 son la tasa consular. Antes tenía que pagar “25 dólares a un intermediario para conseguir una cita” en el consulado, una táctica impuesta por la corrupción generalizada en las misiones diplomáticas sirias.

“Además de la posibilidad de que un refugiado no obtenga la aprobación de seguridad para permitir que su agente en Siria disponga de sus bienes, las tasas para emitir un poder general podrían impedir que algunos sirios desplazados lo hagan”, dijo Abeer Izzadeen (un seudónimo), que vive en Ammán. 

Abeer y sus hermanos heredaron una parcela de su madre, que murió en 2014. Pero como la tierra “se dividirá entre cuatro hijas y dos hijos, lo que significa que la parte de cada persona será pequeña, no pensamos, hasta hace poco, en dividirla o venderla”, dijo a Syria Direct. A principios de este año, la familia se vio obligada a considerar la venta después de que «todos los herederos no pudieran comprar una de las acciones de uno de los hermanos debido a las condiciones económicas de Siria y al deterioro del tipo de cambio de la libra».

Como Izzadeen vive fuera de Siria, explicó: “Ninguno de los herederos puede disponer de las tierras sin un poder mío. Pero los honorarios para hacerlo son elevados en comparación con el valor de mi parte, que no supera los 1.800 dólares, lo que supone pagar el 10% del valor de mi parte en concepto de honorarios por la transferencia de dinero a Siria, así como los gastos de abogado y de transacción de la propiedad”.

Le preocupa “presentar una solicitud a través de la embajada en Ammán, por miedo a que la rechacen”, sobre todo porque su hijo, que vive en Europa y “es buscado por el servicio militar”. Y agregó que esto significa que además de pagar unas tasas que no puede afrontar, privaría a sus hermanos de la tierra. 

En este contexto, el asesor jurídico sirio Ahmad Kamal, dijo que imponer la aprobación de la seguridad como requisito previo para las transacciones inmobiliarias —ya sea la venta, la compra o la transferencia de la propiedad— significa que «la autoridad ejecutiva se convirtió en el guardián de la autoridad judicial». Esto supone una «clara violación del artículo 134 de la Constitución siria, que establece que los jueces son independientes y no hay ninguna autoridad sobre ellos excepto la de la ley» dijo a Syria Direct. También contraviene el artículo 15, que protege los derechos de propiedad de individuos y grupos.   

Además, como explicó el abogado Aswad, la exigencia de «renovar el poder cada tres meses para garantizar que ninguna de sus partes haya fallecido» supone más obstáculos para los desplazados sirios dentro y fuera del país. Así, «muchos de los desplazados no podrán disponer de sus bienes», comentó.

En Turquía, en particular, se observa una amplia actividad de intermediación. Su papel no se limita a realizar las transacciones de los refugiados en los departamentos gubernamentales dentro de Siria a cambio de dinero, sino también a vender citas en los consulados.

Explotación y extorsión

Al igual que Abu Ahmad, Abu Deyaa, de 66 años, solicitó un poder limitado en el consulado sirio en Estambul. “Designé a mi hermano para que vendiera mi casa y mi granja en Homs, después de que los leales al régimen se apoderaron de la casa y vivieron en ella”, dijo a Syria Direct. Además de la tarifa del poder, pagó “800 dólares para obtener un pasaporte acelerado, ya que es un documento necesario para obtener el poder”.

Seis meses más tarde, se lo denegaron. “El pretexto fue que me busca una de las ramas de seguridad”, explicó Abu Deyaa y añadió: “En consecuencia, no puedo obtener la aprobación de seguridad si no vuelvo a Siria para solventar mi situación”. Recibió una oferta para llegar a un acuerdo sin volver, a cambio de pagar a un intermediario 3.000 dólares. “Me negué porque no puedo permitírmelo y el resultado no está garantizado”, expresó.

El régimen de Asad contribuyó al florecimiento del comercio de intermediarios de los documentos que necesitan los desplazados sirios, especialmente los relacionados con la disposición de propiedades. Según Kareem Al Shami, de 42 años, “las restricciones impuestas a los desplazados obligaron a algunos a deshacerse de sus propiedades de forma indirecta, pagando sobornos a personas poderosas dentro del régimen”.

Al Shami, que fue desplazado de la ciudad de Douma, en Ghouta Oriental, a la provincia de Idlib, acusó a un miembro de la Asamblea Popular (Parlamento) del régimen, “Amer Kheiti, de estar implicado en la compra de propiedades en Douma de las personas buscadas por el régimen o desplazadas”. “Kheiti se ocupa de todos los procedimientos legales necesarios, a través de sus abogados, con el beneficio de su influencia y sus relaciones con el régimen”, dijo Shami a Syria Direct

Según los medios de comunicación afines a la oposición, se acusa a Kheiti de comprar propiedades “en beneficio de personas influyentes con el régimen e Irán”, explotando “la necesidad y la pobreza de la gente para comprar sus tierras y granjas a bajo precio”.

En Turquía, en particular, se observa una amplia actividad de intermediación. Su papel no se limita a realizar las transacciones de los refugiados en los departamentos gubernamentales dentro de Siria a cambio de dinero, sino también a vender citas en los consulados.

En un informe de 2019, la Asociación de Abogados Sirios Libres, con sede en Turquía, acusó al consulado sirio en Estambul de confabularse “con una gran red de intermediarios para reservar citas para los peticionarios, a cambio de onerosas cantidades de dinero, que oscilan entre 300 y 500 dólares, debido a la imposibilidad de reservar desde el sitio web del consulado”. 

Por su parte, Deyaa Alrwishdi, profesor de la Facultad de Derecho de la American University Washington, advirtió del peligro de tratar con intermediarios y personas sin licencia. “La persona que quiere otorgar un poder debe buscar un abogado o asesor legal con licencia si la transacción requiere un seguimiento en su nombre”, dijo a Syria Direct. 

Sin embargo, además de liberar las manos de los intermediarios o confabularse con ellos, “el régimen, con sus leyes y decisiones relativas a los refugiados, mata así dos pájaros de un tiro”, señaló Abu Ahmad. Estas leyes y decisiones están “diseñadas para servir a los objetivos y propósitos del régimen”, entre ellos “obtener importantes ingresos económicos de las tasas que impone a los ciudadanos en embajadas y consulados”. Los servicios de seguridad se encargan entonces de “rechazar los poderes e impedir que sus propietarios dispongan de sus bienes e inmuebles, para que sean tomados en beneficio de los chiíes y los leales”.

El camino a seguir

Durante el periodo de control por parte de la oposición siria de Ghouta Oriental, en la provincia de Reef Dimashq, entre 2013 y 2018, la compraventa de inmuebles en la zona pasaba por el Departamento de Registro de Bienes Inmuebles del Gobierno Provisional Sirio de la oposición o por un proceso de venta documentado mediante un contrato a través de oficinas inmobiliarias específicas con la firma de testigos de la venta. 

Según el segundo método, Sameer Al Ahmad (seudónimo) compró tierras agrícolas en Douma en 2016. Pero después de salir de Ghouta Oriental en los convoyes de desplazados al noroeste de Siria, “el vendedor se apoderó de la tierra, declarando que yo era un terrorista” dijo Ahmad a Syria Direct

Durante tres años, los intentos de Ahmad por recuperar su derecho a la tierra fracasaron, ya que vive en una zona de la oposición dentro de Siria. “No puedo emitir un poder general o limitado para designar a otra persona en las zonas del régimen para reclamar mi derecho” declaró. 

Según le indicaron dos abogados de Damasco, a Ahmad sólo le quedaba una solución: “Enviar el contrato de venta original y designar un abogado para que presente una demanda contra el vendedor, siempre que los testigos del contrato aceptaran declarar ante el tribunal. Aun así, tuve que pagar sobornos para conseguir una sentencia de propiedad del terreno”, dijo Ahmad. 

Más grave aún es la vulneración de las propiedades de los desplazados que no son buscados por los servicios de seguridad, como es el caso del cuñado de Kareem Al Shami, también desplazado de Ghouta Oriental. “Oficiales del régimen tomaron posesión de mi casa, a pesar de que estaba documentada a mi nombre en los departamentos del régimen antes de 2011 y de que no había ninguna decisión de incautar mis propiedades”, expresó Shami.  

“Esta situación me condujo a pactar con un pariente mío para que viviera en mi casa y así evitar que los oficiales del régimen pongan sus manos sobre ella, especialmente porque no puedo disponer de mi casa sin un poder oficial, que no puedo conseguir ya que me busca el régimen”, manifestó. 

Del mismo modo, Haitham, que vive en Jordania, pidió a su vecino de la provincia de Homs que “derribe el muro que separa sus tiendas, para que se convirtieran en una sola”, después de que se le denegará su solicitud de poder a través de la embajada siria en Jordania. Este método, hasta el momento, protege la tienda de Haitham para que no sea ocupada, pero no garantiza que el resguardo continúe en caso de que se realice una auditoría de los títulos de propiedad.

Umm Muhammad, residente en Jordania, no puede alquilar su casa en la zona de al-Hajar al-Aswad, al sur de Damasco. “Mi esposo es un oficial desertor y, como tal, no podrá emitir un poder notarial”, declaró a Syria Direct. “Por esto tengo que enviar una pequeña suma mensual al hermano de mi marido, a cambio de que se quede en nuestra casa y la cuide. Esto es para que el régimen no sepa que está abandonada y le ponga las manos encima” declaró. 

Sin embargo, este tipo de soluciones podría llevar a los desplazados a otro problema inmobiliario. “En casos como éste, deben buscar personas de confianza y fieles antes de permitir que cualquier individuo utilice la propiedad”, advirtió el asesor jurídico Ahmad Kamal. También es necesario “conservar los documentos de propiedad de los inmuebles o los que avalan su confirmación, como los contratos de venta y las sentencias judiciales, ya que aumentan la posibilidad de salvar la propiedad usurpada en caso de que los propietarios regresen a Siria”.

Mientras tanto, hasta que pueda recuperar su derecho a disponer y beneficiarse de sus propiedades valoradas en unos 10 millones de dólares, Abu Ahmad vive en una casa alquilada en Idlib y  confiesa que apenas puede mantener a su familia. 

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Ammar Hamou es redactor jefe. Originario de Ghouta Oriental, a las afueras de la capital siria, Ammar estudió periodismo en la Universidad de Damasco. Ha participado en numerosas formaciones periodísticas en Estados Unidos, Europa y Jordania, y ha publicado investigaciones en profundidad sobre el conflicto sirio.

Hadeel es un periodista jordano de Syria Direct. Anteriormente publicó reportajes en Al Jazeera net y The New Arab. Se centra en el periodismo de investigación y se interesa por los temas de asilo y derechos humanos.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Syria Direct el 1 de Junio de 2021.