Por Hadeel Al Rawabdeh para Syria Direct
Antes de las elecciones presidenciales sirias programadas para el 26 de mayo —y el 20 de mayo para los expatriados—, Bashar Al Asad emitió un decreto legislativo el día 2 del mes otorgando una amnistía general para los crímenes cometidos antes de esa fecha, marcando la 18° amnistía general desde que el conflicto estalló en el país, en la primavera de 2011.
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Después de ganar las elecciones presidenciales anteriores de 2014, Al Asad emitió una amnistía general, citando “la tolerancia social, la cohesión nacional y los requisitos de la convivencia”. Pero el último decreto se ha presentado poco antes de las elecciones con el objetivo de “utilizarlo como herramienta de propaganda para aumentar su popularidad, ya que es la última carta de su mazo”. Mustafa Al Qasem —un ex juez que desertó del régimen— dijo: “No puede dar ningún paso real de reforma que revitalice la economía del país, mejore el nivel de vida de los sirios y repare la infraestructura del estado”.
Una amnistía ‘ficticia’
El Decreto Legislativo N°13 de 2021, que contiene 23 artículos detallados, incluye una amnistía para la totalidad o parte de la pena por un delito. Otorga amnistía “por faltas, contravenciones, medidas de reforma y mecenazgo para los menores”. También la otorga para algunos delitos graves como “socavar el prestigio del estado”.
El decreto concede indulto a “dos tercios de la pena para ciertos delitos menores, como el soborno o falsificación de registros oficiales, y la mitad de la pena temporal para todos los delitos menores y delitos juveniles, excepto los excluidos en sus disposiciones, así como un tercio de la pena por delitos de contrabando y narcotráfico”, según la página oficial de Facebook de la Presidencia de la República Árabe Siria.
Las excepciones no cubiertas por el decreto de amnistía incluyen delitos graves de contrabando de armas y explosivos, y delitos con resultado de muerte humana. Las multas impuestas por delitos tampoco estaban cubiertas por el decreto.
Adicionalmente, “las personas escondidas o prófugas de la justicia por delitos contemplados en este decreto legislativo” no gozan del indulto “a menos que se entreguen a las autoridades competentes dentro de los seis meses siguientes a la emisión [del decreto]”.
Sin embargo, contrariamente a lo que la página oficial de Facebook de la Presidencia de la República describe de la amnistía como “uno de los decretos de amnistía más completos para los perpetradores de violaciones, delitos menores y delitos graves”, el ex juez al Qasem aseguró que “en esencia, no se diferencia de los decretos anteriores, ya que no incluía a los presos políticos ni a los presos de conciencia”. El número de estos presos y personas desaparecidas por la fuerza se estima en unas 149.361 personas, según las cifras publicadas por la Red Siria por los Derechos Humanos (SNHR, por su sigla en inglés) en marzo.
Aparte de eso, “las excepciones incluidas en el decreto legislativo limitan su efectividad y lo vacían de significado”, agregó al Qasem, ya que “el régimen deja la posibilidad de que sea aplicado selectivamente”. Si bien la amnistía cubrió “a los detenidos por delitos que atentan contra el prestigio del Estado, se pueden presentar otros cargos en su contra con la complicidad de algunos jueces para socavar su liberación”.
La amnistía tampoco se aplicará a los detenidos que no sean remitidos a los tribunales, “como los desaparecidos por la fuerza u olvidados en los centros de detención del régimen secreto, los sótanos de las ramas de inteligencia y los centros de detención pertenecientes a las milicias iraníes y Hezbollah”, dijo al-Qasem. Quienes se benefician de la “amnistía ficticia son unas pocas personas con delitos comunes y penales”.
Engaño y extorsión
Si bien Bashar Al Asad emite decretos de amnistía general que no incluyen a los presos de conciencia, libera a sus fuerzas de seguridad para detener a más personas. En abril, justo antes de la última amnistía, el SNHR documentó 147 casos de arresto o detención arbitrarios en Siria, 56 de los cuales fueron cometidos por las fuerzas del régimen.
Esto significa que el régimen utiliza decretos de amnistía “de manera engañosa, para enviar mensajes políticos dentro y fuera” del país, según Mazen Darwish, director del Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El objetivo es “mostrar su respuesta a las demandas de la comunidad internacional”, dijo Darwish a Syria Direct .
Pero “los mensajes de bondad emitidos por el régimen, a través de los cuales busca presentarse a la comunidad internacional como un iniciador de la paz, no tendrán éxito sin llegar a una amnistía real y limpiar las cárceles públicas y secretas”, dijo Qasem.
Los decretos legislativos emitidos por Al Asad durante la última década no “constituyen una solución a los problemas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales”, dijo Darwish. Hizo hincapié en la necesidad de “cambiar la estructura política y jurídica del régimen en Siria, limitando al mínimo los poderes del servicio de seguridad y sometiéndose a la autoridad de la ley”, así como “poniendo fin a las inmunidades de que gozan sus afiliados y someter su trabajo a un poder judicial independiente”. También enfatizó la necesidad de “establecer un organismo independiente con amplios poderes para resolver el problema de los desaparecidos en Siria”.
Además, el régimen ha tratado de “extraer dinero de los autores de delitos a través de la amnistía actual”, según Samer Aldeyaei —director ejecutivo de la Asociación de Abogados Sirios Libres— citando “las condiciones al final de las disposiciones del decreto relacionadas con crímenes”.
Dado que las áreas controladas por el régimen están atravesando una crisis económica y la libra siria y su tipo de cambio son bajos frente al dólar estadounidense, “el decreto de amnistía, según algunas de sus cláusulas, proporciona al régimen grandes sumas”, dijo Aldeyaei. Especialmente dada la “disposición de los infractores a pagar multas a cambio de que se retire la pena de prisión”.
El decreto concede una amnistía total para “delitos de contrabando, con la condición de que se llegue a un acuerdo con la Administración de Aduanas, y los delitos de uso indebido de drogas y los delitos de tráfico en [monedas] distintas de la libra siria con la condición de pagar multas al Banco Central de Siria. [Mientras tanto] no cubrió los delitos por violaciones de aduanas, construcción, electricidad y cambio, y todas las multas relacionadas con la compensación económica”.
Este informe fue publicado originalmente en árabe y traducido al inglés por Mateo Nelson.
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Hadeel una periodista jordana de Syria Direct. Anteriormente publicó informes en Al Jazeera net y The New Arab. Ella se enfoca en reportajes de investigación y está interesada en asuntos de asilo y derechos humanos.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Syria Direct el 10 de mayo de 2021.
