Túnez como centro movimiento de derechos humanos en el norte de África

Por Hussein Baoumi para The Tahrir Institute for Middle East Policy

Vista aérea de Túnez (capital) [Mikel Bilbao/VWPics/Universal Images Group vía Getty Images]

A finales de 2018, la llegada de defensores de los derechos humanos de Libia y Egipto en particular – pero también de países del Magreb – a Túnez se hizo más prominente, algo que no puede decirse de ninguna otra capital del norte de África. Aunque las restricciones por COVID-19 desaceleraron este fenómeno, sólo parecen haber servido de impedimento temporal. En los últimos años, defensores de los derechos humanos de todo Medio Oriente y el Norte de África acudieron a Túnez, ya sea para asistir a conferencias o a cursos de formación, o para realizar estancias de corta o larga duración. Al llegar a Túnez, algunos incluso conformaron organizaciones de derechos humanos que se centran exclusivamente en un país o varios países de la región.

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Los movimientos en Túnez no siempre fueron fáciles, y los defensores de los derechos humanos ven riesgos estructurales que podrían mitigarse, pero no eliminarse. Los defensores de los derechos humanos y los donantes pueden tomar ciertas medidas para capitalizar el espacio actual disponible para el movimiento de derechos humanos en Túnez, incluyendo la creación de redes con la sociedad civil tunecina y una mejor inversión en construir la capacidad del movimiento de derechos humanos, tanto estructural como individualmente. Aunque Túnez proporciona un hogar a individuos y organizaciones, en la actualidad es, en su mayor parte, un nodo transitorio más que permanente: los obstáculos políticos, diplomáticos y económicos del país, dificultan el desempeño de un papel más importante.

Razones detrás de la migración

Ya sea por una monarquía cada vez más represiva, por la ocupación, un régimen militar en crisis política, un conflicto polifacético o una cárcel a cielo abierto para los críticos, defensores y activistas de derechos humanos norteafricanos buscaron un espacio seguro para reunirse, organizarse y llevar a cabo su trabajo. Túnez, con su espacio relativamente más abierto, se convirtió en un imán para estos profesionales de toda la región

La libertad de asociación y expresión, una cultura familiar y una sociedad civil vibrante y acogedora son algunos de los principales atractivos para que lleguen los defensores de derechos humanos. En términos más prácticos, Túnez ofrece algunas ventajas con respecto a las ciudades de Europa y Estados Unidos. Para las organizaciones regionales de derechos humanos y su personal, es más barato trasladarse a Túnez y más accesible debido a la ausencia de barreras lingüísticas. Esto permitió a las organizaciones de la sociedad civil reubicar a un mayor número de su personal de forma permanente o temporal, sin que ello suponga un reto importante para la integración o para someterse a procesos difíciles, costosos e inciertos para conseguir visas.

Los defensores de derechos humanos de otros países de la región comenzaron a ir a Túnez tras las revoluciones de 2011. Al principio iban principalmente para eventos o reuniones de corta duración, pero algunas organizaciones internacionales comenzaron a establecer una presencia más permanente en Túnez. En 2013, el país era la única opción lógica en el norte de África, ya que Egipto cayó en el autoritarismo tras un golpe militar. Durante este tiempo, Túnez consiguió salir de una crisis política preservando en gran medida la libertad de asociación y de expresión. Las organizaciones internacionales ya habían establecido programas para Túnez en 2011, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y EuroMed Rights. En 2014, se establecieron allí oficinas regionales de organizaciones internacionales, incluida la oficina satélite de Open Society Foundations, y pronto le siguieron otras. El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, una de las organizaciones regionales de derechos humanos más antiguas, se convirtió en la primera organización regional en establecer una oficina en Túnez, después de trasladar sus programas regionales desde El Cairo. En 2015, los defensores de los derechos humanos libios empezaron a operar en Túnez de forma más estructurada, mientras que los defensores de los derechos humanos egipcios no comenzaron a llegar en mayor escala hasta finales de 2018.

Al principio, los defensores de los derechos humanos se trasladaban a Túnez como parte de equipos de organizaciones internacionales o como individuos que escapaban de sus países de origen. Pero hacia 2016-17 el papel de Túnez como un posible centro a mediano plazo para activistas de derechos humanos del norte de África se hizo más evidente, y tanto los defensores de los derechos humanos como los donantes lo aprovecharon.

Barreras

Trasladarse a Túnez conlleva su propio conjunto de desafíos, como un poderoso sector de seguridad, una situación diplomática incierta y los retos burocráticos y económicos. Un sector de la seguridad tunecina vasto y que principalmente no rinde cuentas, presenta desafíos, no sólo para los derechos y las libertades de los tunecinos, sino también para la sostenibilidad de los movimientos de derechos humanos no tunecinos en el país. A un sector de la seguridad y a unos fiscales intolerantes con las críticas y que vigilan y detienen a los defensores de los derechos humanos les es fácil no conceder visados ni residencias, o complicar los procedimientos de los activistas no tunecinos, sin tener que recurrir a las deportaciones directas, cuestiones que muchos de los que abandonaron el país destacaron en privado.

La diplomacia tunecina también evitó, en gran parte, enemistarse con los gobiernos vecinos del norte de África y, por lo tanto, es poco probable que los funcionarios tunecinos permitan que el país se convierta en una plataforma de voces francas de manera que enfrente a sus vecinos. Gestionar una ‘neutralidad positiva’ con los países vecinos significa que los funcionarios tunecinos no quieren ser vistos como aparentemente ‘albergando a los oponentes’ de los vecinos regionales. Esto es especialmente cierto en el caso de Argelia y Marruecos, donde la diplomacia tunecina se empeña en mantener relaciones amistosas. Por este motivo, es difícil ver a los defensores de los derechos humanos de estos países operando activamente desde Túnez.  Incluso con sus vecinos del este, este mismo año el parlamento tunecino fue testigo de un drama por el desacuerdo entre sus miembros sobre Libia y Egipto, lo que demuestra que es poco probable que Túnez tolere las voces francas que puedan atraer públicamente la ira de El Cairo, Trípoli o Bengasi. 

A su vez, Túnez tiene una amplia burocracia que crea obstáculos para operar desde el país a los no tunecinos. Por ejemplo, la creación de una ONG puede llevar mucho tiempo y estar plagada de obstáculos burocráticos que prolongan el proceso durante meses o años. Además, obtener la residencia (carte sejour), transferir dinero fuera de Túnez y obtener visas son también retos que pueden llevar mucho tiempo y ser frustrantes. Las restricciones de COVID-19 no han hecho más que empeorarlos.

Por último, las perspectivas económicas de los defensores de los derechos humanos reubicados en Túnez son acotadas y ofrecen un futuro limitado a los individuos. Las organizaciones de derechos humanos con sede en Túnez buscan personal con conocimientos de trabajo en francés o inglés – o ambos -, mientras que una minoría contrata a quienes sólo tienen conocimientos de árabe. Las universidades tunecinas tampoco ofrecen programas sólidos para los defensores de los derechos humanos que deseen desarrollar sus habilidades, en comparación con las universidades de Europa occidental o Estados Unidos. Túnez tampoco ofrece una vía fácil para el asilo o la residencia permanente, un motivo de preocupación en caso de que los defensores de los derechos humanos se enfrenten a amenazas o riesgos por su trabajo en sus países de origen, incluyendo la imposibilidad de renovar los pasaportes o si los servicios de seguridad de otros países presionan a Túnez para extraditar o deportar a la persona fuera del país.

Futuro

Los acontecimientos políticos en Túnez y en los países vecinos, junto con las acciones emprendidas por los actores internacionales, determinarán el futuro del país como centro de un movimiento de derechos humanos norteafricano. Es difícil que el gobierno tunecino expulse a organizaciones internacionales, pero los programas específicos, equipos de  trabajo, o incluso individuos, así como organizaciones con un enfoque especializado en ciertos países podrían convertirse en ‘persona non grata’ a los ojos de los funcionarios. La evolución de los países vecinos también afectará al futuro de los defensores de los derechos humanos en Túnez. Gobiernos más represivos expulsarán a los defensores de derechos humanos, mientras que las sociedades más libres probablemente los atraerán. También, existe la posibilidad de que los gobiernos regionales presionen a Túnez para que expulse a estos trabajadores.

Por el momento hay un límite en el papel de Túnez como centro regional del movimiento de derechos humanos en el norte de África; tal vez sea mejor pensar en Túnez como un centro transitorio del movimiento de derechos humanos. Las amenazas en Egipto y Libia que aún obligan a los defensores de los derechos humanos a reubicarse, junto con los desafíos económicos y burocráticos para establecerse en Túnez, siempre empujarán a los activistas de la región a reubicarse en otros países donde haya más claridad para su futuro. Mientras tanto, hay algunas medidas que se pueden tomar para mitigar algunos de los riesgos.

La aceptación por parte de la sociedad civil tunecina de los defensores y organizaciones de derechos humanos no tunecinos que actúan en Túnez, es un factor vital para su supervivencia. Deben asegurarse de no operar en el vacío, sino dentro de una red más amplia de la sociedad civil tunecina. Esto les permitirá resistir la posible presión de sus países de origen sobre los funcionarios tunecinos y sortear riesgos políticos en su trabajo, junto con barreras burocráticas del país.

Los donantes, también pueden ayudar a reforzar el papel de Túnez como centro de los defensores de los derechos humanos del Norte de África invirtiendo más y desarrollando la capacidad de estas organizaciones con sede en el país. Asimismo, deberían considerar programas de desarrollo de capacidades para los defensores de los derechos humanos reubicados y oportunidades para establecer redes con organizaciones tunecinas que les permitan establecer contactos en el país y llevar a cabo su trabajo sin las presiones a las que se enfrentan en sus países de origen. Apoyando a las personas y organizaciones que se trasladaron a Túnez y desean llevar a cabo proyectos que abarcan otros países de la región, se podrían dar más oportunidades que no requieran el francés o el inglés a defensores de los derechos humanos que no tengan seguridad en sus países de origen. Los donantes también deberían estimular programas de desarrollo de capacidades – especialmente para aprender inglés – que permitan a los defensores de los derechos humanos reubicados cambiar a oportunidades profesionales o educativas internacionales en Túnez u otros lugares, para así mitigar los riesgos y ofrecer opciones a aquellos que no pueden regresar a su país.

Este artículo se publicó en el marco del proyecto «Ten Years On: Organizando en la región MENA».

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Hussein Baoumi es licenciado en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad Americana de El Cairo; fue becario en el Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio en Washington D.C., becario internacional de Dejusticia en Bogotá y director de programas en la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades en El Cairo. Trabaja actualmente para Amnistía Internacional como investigador de Egipto y Libia.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 17 de diciembre de 2020.