De espacio libre a herramienta de opresión: ¿Qué pasó con internet después de la Primavera Árabe?

Por Marwa Fatafta para Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP).

Grafitis en Facebook pintados durante la manifestación del «Segundo Día de la Furia» el 27 de mayo de 2011 en la plaza Tahrir en el centro de El Cairo, Egipto. (Foto de Kim Badawi/Getty Images)

En 2011, en una pared cerca del Ministerio de Interior tunecino, manifestantes pintaron el graffiti ‘Gracias, Facebook’. Fue en reconocimiento de cómo las plataformas de redes sociales ayudaron a los activistas a organizarse, cubrir las protestas y difundir información a nivel mundial. Si bien a menudo esto fue exagerado y simplificado por los medios y observadores internacionales, no hay duda de que la Primavera Árabe fue un momento decisivo en la historia que consolidó el papel de Internet como un habilitador esencial de los derechos humanos en la era digital.

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Sin embargo, con la excepción de Túnez, los levantamientos en Bahrein, Egipto, Libia, Siria, Yemen y en todo el mundo árabe dieron un giro calamitoso, al igual que el espacio cívico en línea. Dictadores y déspotas, viejos y nuevos, aprendieron rápidamente cómo instrumentalizar los mismos espacios y herramientas virtuales contra sus propios ciudadanos para sofocar cualquier forma de disenso político o de movilización, tanto dentro como fuera de las redes.

Al conmemorar el décimo aniversario de la Primavera Árabe, reflexionamos sobre cómo los espacios digitales se volvieron más autoritarios. ¿Qué tácticas incorporaron los gobiernos árabes autoritarios a sus manuales desde entonces?

Criminalización del discurso en línea

Desde la Primavera Árabe, los regímenes de la región trabajaron para asegurar que ningún movimiento social o político vuelva a surgir. Con el pretexto de ‘combatir el terrorismo’ y salvaguardar la ‘seguridad nacional’, estos gobiernos autoritarios se dedicaron a atemorizar, silenciar a los medios independientes, orquestar campañas de desinformación y difamación, acosar y arrestar a periodistas, activistas y ciudadanos por su contenido en las redes sociales y actividades en internet.

Legislaciones represivas, como las leyes contra el terrorismo y la ciberdelincuencia, se convirtieron en los pilares legales de la represión digital. En Egipto, por ejemplo, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado (FSSE) es un órgano especial del Ministerio Público responsable de la persecución de los delitos relacionados con el terrorismo y la seguridad estatal. La FSSE procesó un número cada vez mayor de activistas, periodistas y abogados, entre otras personas, por cargos nefastos. Algunos de ellos fueron unirse o ayudar a grupos terroristas, “difundir noticias falsas” y hacer “uso indebido de las redes sociales”, en virtud de la ley antiterrorista de 2015, la ley de delitos cibernéticos de 2018 y el Código Penal. En los últimos meses, la represión digital bajo la ley de delitos informáticos egipcia se extendió a discursos no políticos. Tal es el caso de las jóvenes usuarias de TikTok que fueron procesadas y encarceladas por “violar los valores de la familia egipcia”.

En Baréin, los tuits pueden llevarte a cinco años de cárcel. El Tribunal de Apelación bahreiní confirmó en 2018 una sentencia de cinco años de cárcel para el reconocido defensor de los derechos humanos, Nabeel Rajab, por sus comentarios en Twitter contra el asesinato de civiles en Yemen y la tortura en la prisión de Jau. En Irak, actores estatales y no estatales recurren a medios fuera de la ley, como campañas de difamación y asesinatos para silenciar a quienes se atreven a cruzar la línea. Más recientemente, la doctora y activista iraquí Riham Yaqoob fue trágicamente asesinada a tiros dentro de su vehículo a manos de milicianos desconocidos por denunciar violaciones de derechos humanos.

El cierre de sitios web es otra práctica de censura, muy común en toda la región. En Egipto, más de 600 portales digitales fueron bloqueados desde 2017. Están incluidos medios independientes, grupos de defensa de los derechos humanos y sitios afiliados a la Hermandad Musulmana. En Jordania, el gobierno bloqueó alrededor de 291 sitios web, entre ellos una revista LGBTQI.

Es cada vez más común que el bloqueo y censura de sitios web, se aborden desde una perspectiva geopolítica. Por ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto bloquean los sitios web afiliados o procedentes de Irán. También hacen lo mismo con medios afiliados a Catar, incluidos Al Jazeera Arabic, Al Jazeera English y Al Jazeera Documentary, entre muchos otros.

Interruptores de corte

Durante los días de las protestas masivas de 2011, los gobiernos de Baréin, Egipto, Libia y Siria ordenaron a las empresas de telecomunicaciones que cortaran Internet para interrumpir el flujo de información y aislar a los manifestantes.

Esta táctica continúa siendo utilizada por los gobiernos árabes, particularmente en torno a eventos nacionales clave como elecciones, conflictos sociales y políticos y exámenes escolares nacionales. En octubre de 2019, por ejemplo, el gobierno iraquí cortó internet de forma intermitente durante más de 50 días en medio de protestas masivas en su contra, durante las cuales más de 23 civiles murieron y muchos otros fueron arrestados. De manera similar, en 2018, ante el aumento de las protestas masivas, las autoridades sudanesas bloquearon el acceso a plataformas de redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter.

Los cortes de internet son considerados inadmisibles por las normas internacionales de derechos humanos. También son utilizados como una forma de castigo colectivo contra comunidades enteras. Uno de los cortes más prolongados en el mundo tuvo lugar en Baréin en 2017. En ese caso, el gobierno interrumpió la conexión en la aldea chiita de Diraz todas las noches entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana durante un año, sumado al estado de sitio como castigo por las manifestaciones pacíficas de la comunidad.

Los gobiernos recurren, cada vez más frecuentemente, a medidas menos obvias y difíciles de probar, como limitar o ralentizar los servicios de internet. El gobierno jordano utilizó repetidamente esta táctica, específicamente para limitar la transmisión en vivo de Facebook y así evitar que sus ciudadanos filmen y compartan información, sobre todo durante protestas.

En algunos países de la región, ciertas aplicaciones móviles están prohibidas por completo. Esto obliga a las poblaciones a usar solo plataformas aprobadas por el gobierno, las cuales fueron utilizadas para vigilancia masiva. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán bloquearon permanentemente WhatsApp, Skype y FaceTime hasta hoy a pesar de la pandemia de COVID-19 vigente y la urgente necesidad muchas comunidades tienen para conectarse y comunicarse.

Vigilancia en línea

Los gobiernos árabes invirtieron millones de dólares en tecnología de vigilancia y software de espionaje para atacar a defensores de los derechos humanos y activistas de internet. Una de las tecnologías más notorias utilizadas es el software espía Pegasus, desarrollado por NSO. Se trata de una programa malicioso, sofisticado e invasivo, que convierte los teléfonos infectados en pequeños espías de bolsillos. Una vez instalado, permite el acceso a los datos privados del objetivo, incluida su lista de contactos, contraseñas, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas de voz, calendario e historial de navegación. También puede encender la cámara y el micrófono del teléfono para espiar al objetivo sin su conocimiento. Fue utilizado más notablemente para espiar al defensor de derechos humanos Ahmed Mansour, en los Emiratos Árabes Unidos; a activistas saudíes en el exilio, incluidos colegas de Jamal Khashoggi. Más recientemente, se utilizó contra el activista y periodista marroquí Omar Radi, quien actualmente enfrenta falsas acusaciones de espionaje y asalto sexual.

La Primavera Árabe fue un catalizador para las discusiones globales sobre la necesidad de un control más estricto de las exportaciones de tecnología de vigilancia digital. Siete años más tarde, tras el asesinato brutal de Khashoggi, el Relator Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, llamó a: “Una moratoria inmediata sobre la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos”. Sin embargo, el avance global hacia la transparencia, la debida diligencia y controles de exportación más estrictos por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países es modesto. El mercado de la vigilancia prosperó sin transparencia ni rendición de cuentas, especialmente cuando regímenes represivos cometen violaciones de derechos humanos utilizando estas herramientas.

Primero los beneficios, luego los derechos

Los gigantes de las redes sociales, a saber, Facebook, Twitter y YouTube, también merecen atención y esta vez no por las razones por las que fueron elogiados en 2011. Una década después de que las empresas de tecnología disfrutaran de su momento de gloria y se promocionaran como defensores de la libertad de expresión, parecen  haber dado la espalda a los activistas árabes. Las políticas y procedimientos de moderación de contenidos, arbitrarios y poco transparentes, que hacen oídos sordos a los contextos y matices regionales y locales, a menudo dieron lugar a que se silencie el discurso político de las comunidades oprimidas. 

Desde Siria hasta Egipto, de Túnez a Palestina, se eliminó el contenido de miles de activistas y usuarios comunes o sus cuentas fueron suspendidas sin una explicación. Facebook desactivó miles de cuentas sirias opositoras al gobierno de Asad que documentaban crímenes de guerra desde 2011 con el pretexto de eliminar contenido terrorista de la plataforma. De forma similar, YouTube borró archivos que evidenciaban violaciones de derechos humanos.

Las plataformas de redes sociales pueden entenderse con gobiernos y dictadores. Incluso  Arabia Saudita se infiltró en Twitter al contratar a dos de sus empleados estadounidenses para espiar a disidentes y compartir sus datos privados con el gobierno saudí. Esas plataformas tienen mucho poder sin control para determinar quién puede y quién no puede hablar en ellas.

Legados y activismos inconclusos’

Las realidades actuales de la región, tanto dentro como fuera de internet, pueden ser sombrías y desoladoras, pero no todas las esperanzas están perdidas. A medida que los regímenes continúan sofocando los espacios digitales y las libertades en internet, los grupos de activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil luchan por una Internet libre, segura y abierta.

En palabras de la militante y académica afroamericana Angela Davis “los legados de luchas pasadas no son estáticos. Si estos legados significan algo, tienen el mandato de desarrollar nuevas estrategias, nuevas tecnologías de lucha”.

Hoy, el legado de la Primavera Árabe sirve como un recordatorio urgente para que los gobiernos, las empresas privadas y las organizaciones internacionales frenen la creciente ola de autoritarismo virtual y defiendan los derechos humanos en la era digital.

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Marwa Fatafta posee un Máster en Desarrollo y Gobernanza por la Universidad de Duisburg-Essen. Además integra el consejo asesor de la organización palestina de derechos digitales 7amleh y es analista en la Red de Políticas Palestina Al Shabaka.

N.d.T.: El artículo original fue publicado el 17 de diciembre de 2020 por TIMEP.