Destruyendo la Jerusalén palestina, una institución a la vez

Por Yara Hawari para Al Shabaka

Policía fronteriza israelí patrulla frente a tiendas cerradas en la usualmente concurrida calle Salaheddin en la Jerusalén oriental árabe.t [Mohamar Awad/APA Images]

Visión general

El 22 de julio de 2020, la policía israelí allanó y saqueó el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, el Centro Cultural Yaboos y la Red Cultural Shafaq en Jerusalén Oriental. Sus oficinas fueron saqueadas, se llevaron documentos y archivos, y se confiscaron los teléfonos y las computadoras de escritorio y portátiles.

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Los tres directores, Suhail Khoury, Rania Elias y Daoud Ghoul, fueron detenidos en sus casas, las cuales también fueron allanadas. Khoury y Elias estuvieron detenidos durante un día en Israel, mientras que Ghoul pasó dos semanas encarcelado e interrogado en la prisión de Moskobiye. Gran parte de los medios de comunicación locales e internacionales informaron que fueron arrestados bajo sospecha de financiar actividades terroristas, una acusación que el régimen israelí realizar contra activistas palestinos. [1]

Este ataque a las instituciones culturales de Jerusalén oriental no es un fenómeno nuevo. De hecho, es la continuación de un patrón de ataques continuos que lleva décadas y atenta contra la presencia palestina en la ciudad. En mayo de 2018, tras el traslado de la embajada de Estados Unidos (EEUU) de Tel Aviv a Jerusalén se afianzó aún más el control israelí sobre la ciudad, para resaltar el deterioro de la presencia palestina en la ciudad. Esto también es parte de los esfuerzos renovados por parte de los actores israelìes, estatales y cuasi estatales, para atacar a la sociedad civil palestina, sea en Cisjordania y Gaza o al otro lado de la Línea Verde. Por eso mismo, este informe examina los recientes ataques a las instituciones palestinas en Jerusalén oriental, dentro del contexto más amplio de la represión israelí a la sociedad civil palestina, y ofrece recomendaciones para echar hacia atrás la destrucción de la Jerusalén palestina.

Destruyendo la Jerusalén palestina

Jerusalén siempre jugó un papel vital en la configuración de la identidad palestina a lo largo de su historia. Aunque antes de 1948 no tenía la importancia estratégica y económica de las ciudades costeras de Palestina como Jaffa y Haifa, Jerusalén siempre tuvo una importancia social, política y cultural para los palestinos. Como explica Rashid Khalidi, las «escuelas, diarios, clubes y figuras políticas de Jerusalén tuvieron un impacto en toda Palestina, incluso antes de que el Mandato Británico estableciera los límites del país después de la Primera Guerra Mundial». [2]

Tras la ocupación británica de Palestina en 1917 y el establecimiento del mandato en 1922, Jerusalén se convirtió en un sitio de organización política contra el dominio colonial británico y el colonialismo sionista. Específicamente, la implementación por parte de Gran Bretaña de la Declaración Balfour de 1917, la cual prometió la facilitación británica del establecimiento de un “hogar nacional” judío en Palestina junto a apropiaciones de tierras y continua inmigración judía hacia Palestina, impulsó a los palestinos a protestar en grandes números y por toda Jerusalén. Durante estos primeros años de dominio británico, la ciudad también se convirtió en un centro de organización política de mujeres. En 1929, el primer Congreso de Mujeres Árabes se reunió en Jerusalén, y de allí surgió el primer Comité Ejecutivo de Mujeres Árabes, para marcar así el comienzo de un movimiento político y organizado de mujeres palestinas.

Jerusalén fue la capital política y administrativa del gobierno británico de Palestina durante las tres décadas de dominio británico, y mantuvo una designación única en el período previo a la guerra árabe-israelí de 1948. De hecho, el Plan de Partición de la ONU de 1947, el cual se enmarca directamente en la tendencia colonial de dividir las tierras, propuso la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, pero con Jerusalén (y Belén) como un corpus separatum, es decir, una ciudad internacional que no caería bajo soberanía judía ni árabe. Los palestinos rechazaron este intento colonial de dividir la Palestina histórica como una forma de imponer el dominio extranjero en Jerusalén.

De esta manera, la limpieza étnica de Palestina ya estaba en marcha cuando se creó el Estado israelí en 1948. En ese año, las fuerzas sionistas conquistaron lo que se convirtió en Jerusalén occidental, incluidos los prósperos barrios palestinos de Talbiyya, Qatamon y Baqa, donde vivían 60.000 palestinos. La mayoría de estos habitantes fueron expulsados de la zona, algunos huyeron a las zonas orientales de la ciudad. A ninguno se le permitió regresar. Después de que se trazaron las líneas del armisticio en 1949, Jerusalén se dividió en dos partes: la Jerusalén occidental controlada por Israel y la Jerusalén oriental controlada por Jordania, para oscurecer efectivamente la identidad palestina de la ciudad.

Desde la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupa ilegalmente Jerusalén Oriental, Cisjordania, la Franja de Gaza y el Golán sirio. Como resultado de la guerra, Israel también se anexó de facto y de jure a toda Jerusalén. La Ordenanza de Ley y Administración de 1967 vio la extensión de la ley y la administración israelíes sobre Jerusalén oriental. El estatus de jure de esta ciudad se confirmó aún más en 1980, cuando el régimen israelí lo confirmó como tal al aprobar la Ley de Jerusalén. Casi de inmediato, el régimen israelí cerró el municipio palestino en Jerusalén oriental, y lo fusionó con el municipio israelí en Jerusalén occidental. Además, se impusieron leyes de emergencia en todas las áreas ocupadas, y se convirtió a la mayoría de las organizaciones políticas palestinas y sus afiliados en ilegales.

Los palestinos de Jerusalén recibieron el estatus de ‘residente permanente’ por el gobierno israelí en lugar de una ciudadanía, efectivamente, dejándolos apátridas. Esto permitió que el régimen israelí les niegue derechos plenos, incluido el derecho a voto, al tiempo que se los obliga a pagar impuestos. Además, el régimen israelí con frecuencia revoca el ya precario estado de ‘residente permanente’ de los palestinos que eligen vivir fuera de la ciudad y, en algunos casos, de aquellos que participan en actividades políticas. Desde 1967, el régimen israelí revocó unas 14.000 residencias de palestinos, dejándolos apátridas y sin hogar.

La planificación urbana también fue un mecanismo clave a través del cual las autoridades israelíes borraron a los palestinos de Jerusalén, particularmente a través de esfuerzos explícitos por mantener una mayoría demográfica judía en la ciudad. Esto incluyó limitar la presencia palestina a barrios específicos, negarles permisos de construcción, demoler sus casas, y brindar recursos y servicios inadecuados a los barrios palestinos. La construcción del muro de separación en 2002 también fue parte de este intento concreto de hacer insoportable la vida palestina en la ciudad. El muro fue construido bajo el pretexto de la seguridad israelí y serpentea su camino por toda Cisjordania. En Jerusalén, atraviesa barrios palestinos previamente contiguos y, en algunos casos, los divide por completo. Separa gran parte de Jerusalén oriental de Cisjordania, y obliga a los palestinos a hacer el arduo viaje a través de puestos de control en caso de que quieran cruzar el muro. Todo esto, y mucho más, equivale a una política coordinada y sistemática para expulsar a la mayor cantidad posible de palestinos de Jerusalén, y mantener bajo control a los que permanecen en enclaves urbanos.

Interrumpir la vida política y cultural de la Jerusalén palestina

Además de las políticas sistémicas que hacen la vida increíblemente difícil para los palestinos en Jerusalén, Israel también interrumpió sistemáticamente la vida cultural y política palestina en la ciudad. Después de la ocupación de Jerusalén oriental en 1967 y su posterior anexión, la actividad cultural y política palestina fue objeto de una intensa represión por parte del régimen israelí. La implementación de las Regulaciones de Defensa de Emergencia, introducidas por primera vez durante el mandato británico en 1945, permitieron al régimen israelí censurar y reprimir de forma generalizada. Se prohibieron los libros y cualquier palabra considerada empoderadora, como filastin (Palestina), sumud (firmeza) y awda (retorno), fue excluida de los planes de estudio, libros, programas de radio y obras de teatro. Con respecto a los años posteriores a la ocupación de 1967, Sliman Mansour, miembro fundador de la Liga de Artistas Palestinos, señaló que los palestinos “vivían en una especie de gueto cultural, aislados de los desarrollos culturales. El movimiento era difícil. A muchos artistas se les prohibió viajar. Los artistas a menudo eran arrestados y sus obras confiscadas…Fue un intento de asesinar cualquier espíritu creativo y artístico de los palestinos”.

Para muchos palestinos, la cultura estaba inevitablemente ligada a lo político, porque su propia existencia era considerada un acto político por el régimen israelí. Como resultado, muchos espacios culturales también comenzaron a funcionar como espacios de organización política, especialmente a la luz de la prohibición impuesta por las fuerzas militares israelíes sobre las instituciones políticas palestinas. La única excepción a esto fue la Casa de Oriente en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén. Esta institución sirvió como la única representación política palestina en la ciudad, y como centro de investigación y archivo de la historia palestina.

La Casa de Oriente fue construida en 1897 como una mansión por la prominente familia Husseini. Después de 1948, el edificio pasó a cumplir una función pública, y se convirtió en una casa de huéspedes y espacio de oficinas. Después de 1967, los pisos superiores se convirtieron en oficinas para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés). En 1983, todo el edificio fue alquilado por la Asociación de Estudios Árabes, financiada por la Organización de Liberación Palestina (OLP), la cual llevó a cabo trabajos de investigación y archivo, y fundó una biblioteca. Durante este período, la institución jugó un papel importante en la reactivación de la conciencia nacional palestina, motivo por el cual durante la Primera Intifada estuvo cerrada durante tres años. Unos años más tarde, al mismo tiempo que se llevaba adelante la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, la delegación palestina residió en la Casa de Oriente, y en la década de 1990 los diplomáticos internacionales fueron alojados allí. A esta altura, el edificio se convirtió en un símbolo del sumud palestino dentro de la ciudad.

El 10 de agosto de 2001, las fuerzas israelíes allanaron y saquearon la Casa de Oriente, robaron documentos y materiales archivados, al mismo tiempo que cerraron las oficinas de la institución. Esta no era una práctica nueva en Jerusalén ni en ningún otro lugar. De hecho, las fuerzas armadas israelíes asaltaron y saquearon con instituciones palestinas frecuentemente, incluidas bibliotecas públicas y privadas en Jerusalén occidental en 1948 hasta el Centro de Investigación Palestina en Beirut en 1982. Sin embargo, el cierre de la Casa de Oriente en 2001 fue particularmente significativo, porque había sido reconocido por todas las partes durante el proceso de los Acuerdos de Oslo como la sede de la OLP, así como se reconoció a Jerusalén oriental como la capital legítima del futuro Estado palestino. El hecho presagió una nueva era en la disminución de la presencia política palestina en la ciudad. Desde entonces, el régimen israelí impide que las instituciones políticas palestinas operen en Jerusalén.

Las instituciones culturales palestinas también se enfrentaron a frecuentes ataques y cierres. Por ejemplo, el Teatro Nacional Palestino, Al Hakawati, establecido en Jerusalén en 1984, luchó constantemente contra la censura y las amenazas de cierre. Sus actividades fueron prohibidas no menos de 35 veces desde su inauguración, incluso cuando en 2008 el teatro intentó recibir un festival previo a la designación de Jerusalén como Capital Árabe de la Cultura de 2009. En 2015, el teatro realizó un llamado público luego de recibir amenazas de la Autoridad de Aplicación de la Ley y de Cobro de Israel, la cual no solo congeló la cuenta bancaria del teatro sino que también intentó apropiarse del edificio. Las autoridades israelíes utilizaron como pretexto que el teatro había acumulado grandes deudas con la municipalidad, la compañía eléctrica y la agencia nacional de seguros, sin mencionar la ilegalidad de la presencia de estas autoridades en Jerusalén oriental. Hasta el día de hoy, el teatro enfrenta un cierre inminente.

Desde el año 2000, el régimen israelí cerró más de 42 instituciones palestinas en Jerusalén oriental con diversos pretextos, los cuales van desde afiliación política ‘ilegal’ hasta facturas de servicios impagas. La ley ‘Antiterrorista’ aprobada por la Knéset (N.d.T.: Parlamento israelí) en 2016 impulsó una represión aún más amplia de las instituciones palestinas y las organizaciones de la sociedad civil. La ley incorpora disposiciones de las regulaciones de emergencia y, como lo describe la ONG de derechos humanos Adalah, está “diseñada para profundizar la represión de la lucha de los ciudadanos palestinos israelíes [así como los de Jerusalén oriental], y perseguir sus actividades políticas en apoyo a los palestinos que viven bajo ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza”. La ley permite el amplio uso de “evidencia secreta” por parte del Estado para enjuiciar a los infractores, y dificultar que los acusados puedan defenderse. Además, la ley amplía el alcance de la “actividad terrorista” para incluir “expresiones públicas de apoyo o empatía a las organizaciones terroristas”. En otras palabras, cuando los partidos políticos palestinos son considerados organizaciones terroristas por el régimen israelí, la expresión política palestina es efectivamente censurada.

Un nuevo ataque coordinado

Por un lado, los ataques antes mencionados contra el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, el Centro Cultural Yaboos y la Red Cultural Shafaq son parte integral de la actual intervención del régimen israelí en la vida cultural y política palestina en Jerusalén. Por el otro, constituyen un nuevo y coordinado esfuerzo para difamar y destruir la sociedad civil palestina y las organizaciones de derechos humanos, en particular, aquellas que cuentan con financiación internacional. Este esfuerzo es dirigido principalmente por NGO Monitor, una organización israelí que afirma ser no gubernamental, pero es una organización afiliada al gobierno y coordina su trabajo de difamación con el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Desde 2015, este ministerio es dirigido por Gilad Erdan, un político que intentó durante mucho tiempo limitar la libertad de expresión palestina. Además, Erdan libró una guerra total contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y sus partidarios, la cual se sostiene gracias a millones de dólares en recursos y coordinación con el Mossad, los servicios secretos israelíes.

NGO Monitor comenzó como una organización marginal cuyos informes erróneos y poco investigados no se tomaban en serio. Gran parte de sus esfuerzos involucraron el acoso difamatorio a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, Omar Shakir, Director de Human Rights Watch en Palestina, fue eventualmente expulsado del país en 2019 después de una prolongada batalla judicial que atrajo la atención internacional. Sin embargo, desde al menos 2015, su trabajo se volvió más agresivo y ordenado con el objetivo principal de eliminar la financiación internacional de las organizaciones palestinas y así obligarlas a cerrar. NGO Monitor cumple este objetivo enfocándose en dos tácticas para atacar a las organizaciones e individuos palestinos.

La primera táctica es acusar a las organizaciones de brindar apoyo o trabajar con BDS. Esto se da a la luz de los crecientes esfuerzos por criminalizar al BDS tanto en Europa como en EEUU, a pesar de que varios organismos legales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirman continuamente la legalidad de los boicots como forma de expresión política. La segunda táctica es acusar a las organizaciones o individuos de ‘afiliaciones terroristas’ o de ‘financiar el terrorismo’. Sin embargo, y de acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo en Políticas israelí (un grupo de académicos, periodistas y ex diplomáticos israelíes que trabajan hacia una solución de dos Estados), a pesar de que NGO Monitor realiza esta acusación de manera constante y repetitiva en contra de las organizaciones palestinas, nunca ofreció evidencia sobre la participación en actividades terroristas o violencia. De hecho, el mismo informe del Grupo de Trabajo en Políticas Israelíes, subtitulado ‘Difamando a organizaciones de derechos humanos que critican la ocupación israelí’, revisó las publicaciones de NGO Monitor y afirmó:

[L]os métodos que emplea distan mucho de las exhaustivas investigaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil a las que ataca. Las publicaciones aparecen en gran parte basadas en consultas selectivas online y afirmaciones reverberantes hechas por fuentes oficiales israelíes. Además, centra sus publicaciones de forma selectiva en refutar las observaciones y conclusiones publicadas por las organizaciones seleccionadas.

En otras palabras, las acusaciones hechas por NGO Monitor son infundadas, están respaldadas por escasa evidencia y tenue investigación, y son difamatorias. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad internacional ahora están prestando atención a las acusaciones de esta organización, lo cual tuvo un efecto paralizador en la sociedad civil palestina. De hecho, el clima creado por esta creciente campaña de difamación llevó a que los fondos se ajusten y, en algunos casos, se recorten e incluso se retiren por completo. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) notificó a la Red de ONG Palestinas (PNGO por sus siglas en inglés) que implementará una cláusula que obliga a todos los socios a no tratar con quienes formen parte de la lista de sanciones creada por la UE. Algunos temen que esto lleve a tener que examinar al personal, los contratistas y los beneficiarios de la ayuda como condiciones para recibir fondos. Esta lista de sanciones incluye a quienes son sancionados y las organizaciones e individuos considerados terroristas. La mayoría de los partidos políticos palestinos, incluidos Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) están en la lista. Si bien no incluye a personas palestinas, esto puede cambiar en el futuro con la creciente presión israelí y organizaciones como NGO Monitor.

No solo es problemático que gran parte de la comunidad internacional considere a la mayoría de los partidos políticos palestinos, con la particular excepción de Fatah, como organizaciones terroristas, sino que con frecuencia sucumbe ante la amplia y laxa definición de ‘afiliación’ del régimen israelí. Desde 1967, 800.000 palestinos fueron encarcelados por el régimen militar israelí en Cisjordania y Gaza. Esto representa el 20% de la población total de ese territorio ocupado. Muchos de estos palestinos son juzgados y acusados en tribunales militares israelíes que mantienen una tasa de condenas del 99% frente a la acusación de ‘afiliación’. Israel puede castigar a los palestinos por cualquier actividad política a través de sus órdenes militares justificadas por razones de seguridad. Bajo estas órdenes, Israel prohibió las protestas o reuniones políticas de más de diez personas e ilegalizó la distribución de artículos o fotografías políticas. Israel también acusa e imputa a palestinos ‘afiliados’ a grupos políticos que considera organizaciones terroristas. En consecuencia, compartir una publicación en las redes sociales o incluso servir una taza de café a un miembro de una organización declarada ilegal puede considerarse ‘afiliación’.

La acusación inicial contra las tres instituciones culturales en Jerusalén oriental fue de “evasión fiscal y fraude”, pero luego quedó claro que también eran acusadas de financiar a organizaciones terroristas. Sobre estos cargos, está claro que NGO Monitor jugó un rol a través de sus informes y calumnias constantes contra estas organizaciones. Aunque los tres directores fueron liberados, aún enfrentan estas acusaciones. Además enfrentan el estigma de ser acusados de apoyar a organizaciones terroristas, algo que puede tener repercusiones perjudiciales en un entorno condicionado, de decreciente financiación internacional, y crecientes restricciones por parte del régimen israelí.

Recomendaciones de políticas públicas

A la luz de esta desafiante y preocupante situación, se ofrecen las siguientes sugerencias para hacer frenar la destrucción de las instituciones culturales y políticas palestinas en Jerusalén:

  • Los palestinos, tanto en la diáspora como en la Palestina histórica, deben enfatizar la importancia de mantener las instituciones y organizaciones palestinas en la ciudad. Esto debería incluir apoyo financiero, así como esfuerzos de solidaridad sustantivos y continuos.
  • Los palestinos en Cisjordania deben rechazar el debilitamiento de Jerusalén como capital palestina impulsado por la Autoridad Palestina, la cual priorizó las inversiones en Ramallah como el centro administrativo de Palestina. En efecto, necesitan rechazar activamente la narrativa de Ramallah como la pseudo capital palestina.
  • Los actores estatales de tercer orden deben brindar apoyo público e incondicional a las instituciones y organizaciones palestinas en Jerusalén, particularmente a las que están bajo ataque del régimen israelí. Esto debe hacerse como un acto de contraataque frente a la impotencia de la comunidad internacional, y en algunos casos su complicidad, respecto al afianzamiento del control israelí sobre Jerusalén.
  • Los actores estatales de tercer orden también deben reconocer y enfatizar la importancia de tener representación política palestina en la ciudad. En este sentido, deberían apoyar la restitución de la Casa de Oriente como un hogar para dicha representación tal cual lo hiciera la UE en 2014, y ejercer presión política para hacerlo.
  • Los actores estatales de tercer orden y las organizaciones internacionales no deberían utilizar NGO Monitor ni el Ministerio de Asuntos Estratégicos israelí como fuentes legítimas de información sobre las población palestina o sus organizaciones. Además, deberían reconocer públicamente a NGO Monitor como un brazo del Estado israelí con una agenda particular que demoniza y criminaliza a la sociedad civil palestina.
  • La comunidad internacional debe rechazar las acusaciones del régimen israelí de actividades terroristas y ‘afiliación’ política por ilegítimas e infundadas, en particular, porque la definición de ‘afiliación’ es deliberadamente amplia para acusar a cualquier palestino.

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Yara Hawari es Doctora en Políticas de Medio Oriente por la Universidad de Exeter, donde también es investigadora asociada e impartió cursos de grado. Además es analista senior de Al Shabaka: La Red de Políticas Palestinas y escribe frecuentemente en diversos medios de comunicación como The Guardian, Foreign Policy y Al Jazeera English, entre otros.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Al Shabaka el 29 de octubre de 2020.

Referencias:

  1. Para leer este escrito en francés, por favor hacé click acá. Al Shabaka agradece los esfuerzos hechos por abogados de derechos humanos para trasladar estas piezas, pero no se hace responsable por cualquier cambio en su significado.
  2. Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University Press, 2009), 33.