Por Elizia Volkmann para Middle East Institute
El 2022 comenzó como terminó el 2021: con arrestos domiciliarios y detenciones extrajudiciales. El 31 de diciembre se produjo la desaparición y la prisión preventiva del ex Ministro de Justicia y diputado de Ennahda, Noureddine Bhiri, en un lugar desconocido, antes de ser puesto bajo arresto domiciliario y posteriormente trasladado a un hospital de Bizerta, el 2 de enero, por graves problemas de salud.
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Al igual que otros opositores del Presidente tunecino, como Kais Saied, recurrió a una huelga de hambre, pero esto empeoró su ya crítico estado de salud. Esta fue la primera desaparición de una figura política de alto perfil desde la toma de poder de Saied, el pasado 25 de julio.
Liz Throssell, portavoz de DDHH de la ONU, denunció el trato recibido por Bhiri y comentó: “Estos dos incidentes se hacen eco de prácticas no vistas desde la era del Presidente Zine El Abidine Ben Ali, y plantean serias dudas sobre el secuestro, la desaparición forzada y la detención arbitraria”.
La desaparición y detención de Bhiri es sólo una de una larga serie de arrestos, prisiones domiciliarias y acciones judiciales civiles y militares rápidas, incluida la condena y sentencia en rebeldía de Moncef Marzouki, ex Presidente de Túnez. También marca el regreso a un estilo presidencial similar al de Habib Bourguiba y Ben Ali, quienes reprimieron brutalmente a su oposición política a través de detenciones arbitrarias, juicios y torturas.
El Presidente Saied, desde el 25 de julio utilizó atribuciones de emergencia y tribunales militares para arrestar, detener y encarcelar en nombre de limpiar la nación de la corrupción y restaurar la paz social. Pero sus acciones fueron fuertemente criticadas por organizaciones de DDHH y socavaron la imagen de Túnez como una democracia emergente fundada en el Estado de derecho. Cuando Saied invocó el artículo nº80 de la Constitución de 2014, el 25 de julio y asumió el control ejecutivo total del Estado, declaró la guerra a la corrupción, prometiendo a sus seguidores una acción rápida y decisiva contra los corruptos y aquellos que, según explicó, ponían en peligro a Túnez.
En lugar de reclutar un ejército de contadores forenses, auditores e investigadores policiales especializados para llevar a estos malhechores corruptos ante los tribunales, lo que tomaría una cantidad significativa de tiempo, le traspasó la responsabilidad al Ministerio del Interior para que utilice órdenes ejecutivas bajo el Estado de emergencia, y las antiguas leyes coloniales para llevar a cabo una campaña altamente mediatizada de arrestos domiciliarios y juicios en tribunales militares.
Tras la inmovilización del Parlamento y el despido de Hichem Mechichi, el Primer Ministro, Saied nombró a Ridha Gharsallaoui uno de sus asesores de seguridad, como Ministro interino del Interior el 29 de julio. A partir de entonces comenzó en serio la campaña de arrestos, detenciones y arrestos domiciliarios.
Uno de los primeros objetivos de Saied fue el juez Bechir Akremi, quien fue puesto bajo arresto domiciliario el 31 de julio acusado de haber ocultado archivos relacionados con cargos de terrorismo y el asesinato en 2013 del parlamentario Chokri Belaid. Los activistas habían acusado durante mucho tiempo a Akremi de ser corrupto y cercano al partido democrático musulmán moderado, Ennahda, que niega rotundamente tales conexiones.
A esto le siguió el sorprendente arresto de Chawki Tabib, ex Director de la Autoridad Nacional Anticorrupción, que se creó para investigar y combatir dicha actividad en 2011. Inicialmente se abrió una investigación por supuestas “sospechas de fraude y uso de documentos falsificados”, pero fue Gharsalloui quien decidió poner a Tabib bajo arresto domiciliario. A pesar de la detención, Tabib se pronunció con ímpetu contra lo que dijo que era una ilegalidad y posteriormente presentó una denuncia contra el Estado. Para luego declarar públicamente que el origen de la riqueza de su esposa estaba en duda.
El breve período de Gharsallaoui como Ministro del Interior parece caracterizarse por un caos vengativo. Además de esta serie de arrestos domiciliarios, Saied impuso prohibiciones de viaje a ciertas personas que creía que eran potencialmente cómplices de casos de corrupción. Esto condujo al caos en los controles fronterizos de Cartago, ya que no había una lista definitiva de sospechosos, sólo listas de ocupaciones, como parlamentario o persona de negocios, que debían ser marcados al escanear sus pasaportes. En realidad, los procedimientos fueron arbitrarios y muchas personas perdieron sus vuelos mientras los guardias fronterizos esperaban confundidos la autorización para liberar o detener a los pasajeros en las listas del Ministerio del Interior.
En septiembre, las principales organizaciones de DDHH, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, publicaron informes que denunciaron el uso de arrestos y detenciones arbitrarias por parte de Saied, ya que sólo los casos de arresto domiciliario sumaban al menos 50. Diez detenidos de forma domiciliaria presentaron apelaciones, que luego fueron rechazadas por el Tribunal Administrativo.
El uso de Saied de las órdenes ejecutivas como parte de leyes del Estado de Emergencia, tal como se define en un decreto presidencial escrito por el presidente Bourguiba en 1978, muestra que no es un reformador visionario con sed de justicia y cambio, sino simplemente un hombre vanidoso que repite los errores tanto de Bourguiba como de Ben Ali. Bourguiba se declaró Presidente vitalicio en 1975 y utilizó por primera vez estas órdenes ejecutivas para suprimir la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), que se rebeló contra su intento de controlar su ejecutivo. El decreto otorgó a los servicios de seguridad el poder de detener y controlar, y restringir el movimiento de aquellos involucrados en “actividades que se consideren peligrosas para la seguridad y el orden público”. Es más, Beji Caid Essebsi, Presidente de Túnez desde 2014 hasta 2019, volvió a invocar el Estado de emergencia en 2015 tras el ataque terrorista en un museo y un balneario en Sousse.
Desde 2011, las organizaciones de DDHH y el ACNUDH monitorean y critican el uso del arresto domiciliario, que es una forma de detención arbitraria. Desafortunadamente, la falta de estabilidad de Túnez y su aparente incapacidad para realizar cambios radicales en su Ministerio del Interior y su fuerza policial vieron numerosos retrocesos hacia leyes de estilo autoritario, como el borrador de una nueva ley de Estado de emergencia presentado por primera vez en 2019. Dicha ley, según Amnistía Internacional, habría hecho retroceder los derechos humanos a los días anteriores a 2011.
Un nuevo borrador apareció en octubre de 2020 cuando Said Benarbia, Director del programa MENA del Comité Internacional de Juristas, advirtió que el último borrador “afianzaría el poder del Presidente para determinar unilateralmente qué constituye una emergencia en términos amplios”. Esto es más o menos lo que ocurrió el 25 de julio, porque aunque Túnez se enfrentaba a dificultades económicas y a la variante Delta del COVID, no había nada que constituyera una ‘amenaza inminente’ catastrófica para Túnez y que justificara el uso de los poderes ejecutivos de detención.
Junto con los arrestos domiciliarios, el Congreso de los Estados Unidos y la comunidad internacional, expresaron su preocupación por el uso prolífico de tribunales militares para juzgar a civiles. El 29 de julio, Saied levantó la inmunidad de diputados, por ejemplo a Yassine Ayari. Un día después, unos 30 agentes de seguridad sacaron a rastras a Ayari de su casa, y más tarde un tribunal militar lo condenó a dos meses de prisión por un antiguo cargo en el que criticó a los militares. Ayari debía ser juzgada nuevamente en un tribunal militar por difamación contra Saied el 22 de noviembre. Debido a problemas de salud, viajó a Francia para recibir tratamiento médico, pero ahora se encuentra viviendo efectivamente en el exilio allí.
Siguieron los arrestos de miembros del partido islamista al Karama, incluido el parlamentario Nidhal Saudi y Seifeddine Makhlouf, el líder del partido, ambos críticos habituales del Presidente. Ennahda se llevó la peor parte del odio público, pero es el Al Karama, vinculado a los salafistas, el que sufre más arrestos. Hasta el 31 de diciembre y el arresto de Bhiri, Saied no mostró suficiente arrogancia para arrestar a miembros del todavía poderoso Ennahda, a pesar de que, en términos de política popular, son frutos al alcance de la mano. Maha Zid, parlamentario de Al Karama, fue acosado por la policía, que allanó su casa e interrogó a sus hijos. Zid está acusado de difamación y robo de documentos relacionados con el asesinato de Chokri Belaid.
Cabe señalar que en medio de lo que parecen ser arrestos motivados políticamente, también existieron arrestos altamente mediatizados de traficantes y de aquellos que podrían ser acusados creíblemente de fraude y corrupción reales. Esto se vio en Sousse cuando 18 contadores fueron arrestados por denuncias de delitos financieros, apoyando la imagen de Saied como un luchador anticorrupción. Pero dada su flagrante falta de interés en abordar los problemas sociales y económicos de frente, la credibilidad de Saied como activista anticorrupción perdió peso.
La imagen de campaña electoral de Saied como un representante de la ley completamente independiente, sumado a una manera excéntrica e dificultosa le valió el apodo de “Robocop”, un apodo un tanto caricaturesco para un Presidente populista. A medida que avanza su régimen, con sus arrebatos y gritos de que los que están bajo arresto domiciliario deberían “estar todos en prisión” y las constantes batallas con el poder judicial, su enfoque de la ley y el orden es más de un personaje salido de “DC Comics” que de un político serio.
Sin duda, la corrupción fue un problema grave que azotó a Túnez tanto bajo Ben Ali como en la era posrevolucionaria durante los últimos 11 años. Saied quería montar un espectáculo para tranquilizar a una nación agobiada por la corrupción y la inacción política. Sin embargo, no se discute sobre soluciones reales a la corrupción, ni de mejorar la tecnología o la capacidad para investigar delitos financieros graves o relacionados con el soborno, el tráfico o el fraude. En cambio, simplemente envía a sus hombres para atrapar a los ‘chicos malos’.
Saied emitió su decreto más significativo, el No. 117, el 22 de septiembre, en el que reunió en sus manos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Esto efectivamente lo convirtió no solo en “el sistema”, como Bourguiba había declarado jovialmente que era, sino que, al igual que el personaje de el Juez Dredd de DC Comics, Saied “es la ley”.
De ahí que, Saied siendo “la ley” no tenga en cuenta las leyes internacionales de DDHH, y mucho menos considere las relaciones a largo plazo y el apoyo financiero de los principales donantes actuales de Túnez. Que basan su respaldo en que el país continúe por la senda democrática y respete el estado de derecho y los derechos humanos. Esto causa mayores problemas para acuerdos como el Acuerdo de Cooperación militar de 2020 alcanzado con los EEUU, dado que el Congreso norteamericano criticó continuamente las transgresiones de DDHH. El comportamiento de Saied y la falta de legitimidad de su gobierno pusieron a Túnez en un limbo económico, sumado que donantes internacionales retrocedieron y adoptaron una política de observar y esperar.
Los casos descritos presentan figuras públicas con los medios económicos para pagar excelentes abogados, conexiones y como visibilidad para obtener el apoyo de las organizaciones de DDHH. Pero los blogueros menos conocidos y la gente de a pie no se denuncian ni se respaldan, excepto por los atentos abogados que los aceptan de forma gratuita. En la región occidental de El Kef, cerca de la frontera con Argelia, en noviembre pasado, existieron seis arrestos por difamación y un hombre terminó en prisión, todos por publicaciones en Facebook que criticaban a Saied. Los cargos de difamación se originan en el capítulo cuatro del código penal de 1913 sobre ataques contra autoridades estatales y exigen un año de prisión y una multa adicional. Saied niega repetidamente que alguien fuese encarcelado por criticarlo, pero muchos de los arrestados por hacerlo son ciudadanos comunes cuya única plataforma es Facebook.
Una asociación tunecina, “Bloggers sans Chaines” estuvo luchando contra estos casos de difamación durante muchos años. Pero señaló que aumentaron los casos desde 2019 cuando Saied llegó al poder y que, aunque anteriormente existieron casos de difamación presentados por los servicios militares y de seguridad, antes de que Saied criticara a un presidente no había sido un problema grave.
Con estos arrestos y los informes de los activistas anti golpistas, sumado la orden emitida para el arresto del ex Presidente Moncef Marzouki, parece que la campaña de Saied para eliminar y desacreditar a su oposición probablemente continúe.
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Elizia Volkmann es una periodista independiente británica con sede en Túnez que cubre temas políticos, sociales y económicos de Túnez, así como el Magreb y la región euromediterránea en general.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 20 de enero de 2022.
