Por Dalia Ghanem para Middle East Institute
En el tercer aniversario del movimiento de protesta a favor de la democracia de Argelia, conocido como el Hirak, Argelia vuelve a lo viejo. Después de usar la pandemia de Covid-19 como excusa para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), defensores de derechos humanos (DDH) y figuras de la oposición durante más de un año, las autoridades argelinas están intensificando la represión contra las últimas voces de disidencia, con la esperanza de acabar con el Hirak de una vez por todas. Los derechos humanos en Argelia están seriamente amenazados; el patrón hacia un régimen más autoritario y menos competitivo es claro.
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El 28 de enero de 2022, al menos 46 detenidos políticos iniciaron una huelga de hambre. Algunos fueron agredidos, mientras que las autoridades trasladaron arbitrariamente a otros a diferentes prisiones. Las recientes detenciones de Zaki Hannache y Felah Hammoudi son un ejemplo más de la embestida contra la sociedad civil. El 18 de febrero, cinco oficiales arrestaron a Hannache, un DDH argelino de 34 años, en la casa de su familia. Desde la llegada del Hirak en febrero de 2019, él fue la principal fuente de información sobre los detenidos políticos en el país. Solo, armado con nada más que pasión, paciencia y su teléfono, Hannache construyó una red confiable de abogados en todo el país para recopilar y difundir información sobre los activistas políticos detenidos y sus procedimientos legales. La página de Hannache en Facebook se convirtió en la plataforma y punto de referencia para muchos DDH. Mis muchas entrevistas con DDH entre junio y julio de 2021 se pueden resumir así: “Zaki está en una liga [de derechos humanos] propia”.
Un día después del arresto de Hannache, agentes de la gendarmería arrestaron a otro DDH, Hammoudi, jefe de la oficina de Tlemcen de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH). Si bien aún el destino de Hannache permanece incierto, el de Felah es claro: el 20 de febrero, fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 1.100 dólares por la “gestión de una asociación no registrada”, “desacato a entidades oficiales” y “publicación de noticias falsas o que atenten contra la seguridad pública”.
Desde su elección en diciembre de 2019, el presidente Abdelmadjid Tebboune prometió respeto por los derechos humanos y reformas para “consolidar la democracia”. En el terreno, sin embargo, estas promesas no se cumplieron. No cumplió con iniciar un diálogo con el Hirak ni defender ni el estado de derecho ni los derechos humanos. El número de detenidos políticos está aumentando. Según la plataforma de Hannache, 340 presos políticos yacen en las prisiones argelinas desde el 22 de febrero. La represión se intensificó desde que se reanudaron las protestas callejeras el pasado febrero después de un paréntesis de un año. Las autoridades ampliaron su repertorio de tácticas represivas. Dependiendo de la coyuntura (es decir, el referéndum para la nueva constitución, las elecciones locales o legislativas), oscilaron entre el desgaste, las concesiones y la represión suave o brutal.
Opositores políticos, periodistas, abogados, activistas, docentes, estudiantes, académicos y ciudadanos comunes fueron detenidos por motivos políticos en violación de los derechos humanos. Las restricciones a la libertad de expresión y de prensa abundan, incluida entre ellas la cibercensura. Se imponen cargos de terrorismo a activistas políticos pacíficos; actualmente, 59 detenidos se enfrentan a cargos relacionados con el terrorismo en virtud del artículo 87 bis del Código Penal de Argelia, que en junio de 2021 amplió la definición de terrorismo. El gobierno argelino interfiere regularmente con las libertades de reunión pacífica y asociación. El 5 de enero, el Ministerio del Interior advirtió al Rally por la Cultura y la Democracia (RCD), un partido político laico atractivo para la minoría bereber, que suspenda las reuniones sin autorización previa, bajo amenaza de llevar adelante acciones legales. Más tarde ese mes, el Consejo de Estado prohibió temporalmente el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cerrando su sede. Estas acciones solo son posibles con el consentimiento del poder judicial, que actúa como un brazo corrupto del régimen.
OSC y personalidades se movilizaron contra esta escalada. Por ejemplo, cuando Hannache fue arrestado, no menos de 21 organizaciones firmaron una declaración sobre su preocupación por la “peligrosa intensificación de las tácticas represivas de las autoridades argelinas”. Es difícil enfrentarse a un régimen semiautoritario tan resistente que demostró su capacidad de fragmentar y neutralizar a las OSC aprovechando hábilmente sus debilidades. Militantes tanto novatos como veteranos, no obstante, admitieron que el régimen es solo parcialmente responsable de la fragmentación de las OSC. Muchos de los DDH entrevistados explicaron que las OSC y las personas que trabajan por los derechos humanos eran generalmente improductivos porque no podían superar las divisiones constantes o crear alianzas efectivas contra el establecimiento político-militar y sus partidarios. Kahina S., una DDH de 38 años que vive en Canadá, habló en nombre de muchos de sus colegas al resumir la situación el 11 de junio de 2021:
“El primer obstáculo para avanzar en términos concretos está relacionado con la naturaleza ‘personal’, que revela problemas de egos. (…) Incluso en la diáspora, enfrentamos una guerra de apropiación de acciones colectivas. Tan pronto como surge una acción, enfrentamos una fuerte resistencia de las personas que quieren tener un papel más destacado en la iniciativa. Estos actos de sabotaje provienen de los propios militantes, y no creo que el régimen o los servicios de seguridad argelinos tengan algo que ver. Nosotros somos los responsables de este autosabotaje. (…) Todo se convirtió en un concurso de visibilidad y popularidad”.
Además, todos los consultados explicaron que la LADDH parece no estar interesada en cambiar las leyes de derechos humanos de Argelia. Muchos entrevistados reconocen una conciencia cada vez mayor sobre los derechos humanos en el país y un impulso de esos derechos por parte de la sociedad civil. Sin embargo, todos describieron a la LADDH, en el mejor de los casos, como una “cáscara vacía”, un “tigre de papel” o, en el peor de los casos, como una “agencia de viajes” -– en referencia a la injusticia, el nepotismo y el favoritismo con el que la organización elige a los participantes para la formación en el extranjero. Según los entrevistados, la mayoría de los aprendices seleccionados son “incompetentes”, cuyo único deseo es deambular por un nuevo país durante unos días. En teoría, se supone que estos aprendices son ‘agentes multiplicadores’, destinados a enseñar a otros lo que aprendieron, pero tal instrucción es inexistente. Mientras tanto, el régimen continúa demostrando habilidad para controlar y fragmentar la esfera asociativa. Es probable que esto continúe en un futuro próximo.
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Dalia Ghanem es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines y académica residente del Centro Malcom H. Kerr Carnegie de Medio Oriente.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 23 de febrero de 2022.
